Crisis laboral en Chile: El estancamiento que desafía las políticas económicas: ¿Por qué el empleo no despega pese a las reformas?

En pleno último trimestre del actual gobierno, el mercado laboral chileno muestra una paradoja que ha ido tomando cuerpo con el paso de los meses: más de 30 meses consecutivos con tasas de desocupación superiores al 8%, un nivel que no se veía desde la crisis del 2010, si se excluye el impacto de la pandemia. Para el periodo abril-junio de 2025, el INE reportó una tasa de desempleo de 8,9%, con un aumento sostenido que golpea especialmente a mujeres y trabajadores con educación superior. En cifras concretas, más de 900 mil personas están sin empleo, y la creación neta de puestos de trabajo en el último año apenas alcanzó las 141 plazas, equivalente a la capacidad de un vagón de metro.

Este escenario se presenta en un contexto económico donde el PIB potencial apenas roza el 2%, reflejando un estancamiento que ha impactado directamente en la generación de empleo. Sin embargo, las causas no se limitan a la desaceleración económica: las reformas impulsadas en los últimos años han modificado el panorama laboral de manera profunda.

Desde la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el aumento sostenido del salario mínimo, hasta la reforma previsional y nuevas regulaciones como la Ley Karin, el costo de contratar se ha disparado. El índice de costos laborales ha crecido un 28% nominal desde 2022, sin que se hayan implementado políticas efectivas de fomento al empleo formal o incentivos claros para la contratación.

Este aumento en costos ha tenido consecuencias palpables: según datos del Banco Central, el incremento del salario mínimo provocó una caída del 8% en el empleo dentro de las empresas sujetas a este piso salarial. Estudios adicionales proyectan que la reducción de horas laborales implicará un aumento extra del 9% en costos para 2026.

En medio de este cuadro, las respuestas políticas no han logrado calmar las tensiones ni ofrecer soluciones efectivas. El Ejecutivo continúa promoviendo la negociación ramal como vía para resolver conflictos, mientras que la candidata presidencial oficialista Jeannette Jara propone un salario vital de $750 mil, sin respaldos técnicos claros ni análisis del impacto en la formalidad laboral. Estas iniciativas, lejos de equilibrar productividad y costos, parecen profundizar un camino que aleja la reactivación del empleo.

Desde una perspectiva política, las voces se dividen. Algunos sectores de izquierda defienden las reformas como necesarias para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y corregir desigualdades históricas. En contraste, representantes empresariales y analistas liberales advierten sobre el riesgo de un mercado laboral rígido que desincentiva la contratación y fomenta la informalidad.

En el plano social, la frustración es palpable. Trabajadores calificados y mujeres, quienes han sido los más afectados, se enfrentan a un mercado que no solo no ofrece oportunidades, sino que parece cerrarles las puertas. Esta realidad tensiona la cohesión social y pone en jaque la función del empleo como motor de movilidad y estabilidad.

“El país necesita una estrategia realista que reconozca las limitaciones productivas y promueva la empleabilidad en sectores rezagados, alineando incentivos para la contratación formal con un marco regulatorio sostenible”, señala un economista independiente consultado para este análisis.

La evidencia muestra que sin un cambio profundo en la orientación de las políticas laborales y económicas, el estancamiento del empleo persistirá, con consecuencias que van más allá de las cifras y afectan el tejido social y el futuro desarrollo del país.

En conclusión, la crisis laboral chilena no es solo un dato estadístico, sino un drama humano y político que se ha ido gestando en los últimos años. La falta de creación de empleo formal, el aumento de costos sin mejoras en productividad y la ausencia de políticas integrales ponen en evidencia la necesidad de un debate honesto y plural que reconozca las complejidades y busque soluciones sostenibles. El desafío es mayúsculo, y la respuesta determinará el rumbo social y económico de Chile en los próximos años.