
El jueves 31 de julio de 2025, a las 17:34 horas, un temblor de magnitud 3.3 en la escala de Richter sacudió la zona Andesita de la división El Teniente de Codelco. Este evento sísmico, aunque de intensidad moderada, desencadenó una tragedia laboral: un trabajador perdió la vida, nueve resultaron heridos y cinco permanecieron desaparecidos durante horas. La víctima fatal, Paulo Marín Tapia, pertenecía a la empresa Salfa Montajes y trabajaba en el Proyecto Andesita. La noticia conmocionó no solo a la comunidad minera sino también a la opinión pública nacional, que puso en el centro el debate sobre la seguridad en faenas críticas.
El temblor sorprendió en plena jornada laboral, activando de inmediato los protocolos de emergencia de Codelco. La empresa estatal suspendió actividades y desplegó un comité de emergencia para gestionar la crisis, mientras que su presidente ejecutivo, Rubén Alvarado, se trasladó a terreno para coordinar rescates y apoyar a las familias afectadas. La rápida reacción evitó que la tragedia fuera aún mayor, pero dejó al descubierto las vulnerabilidades de la infraestructura y los procedimientos ante eventos sísmicos inesperados.
Desde el sindicato de trabajadores, la tragedia fue recibida con dolor y reclamos. “No podemos permitir que la seguridad sea un costo variable. Cada vida vale más que cualquier producción,” afirmó un representante sindical que pidió mantener el anonimato por temor a represalias. Por otro lado, desde el gobierno y la dirección de Codelco, se enfatizó la importancia de la investigación en curso para determinar causas exactas y responsabilidades, comprometiendo la revisión y actualización de las normativas de seguridad minera.
En el plano político, la izquierda criticó la gestión de riesgos y exigió mayor fiscalización, mientras que sectores empresariales llamaron a no estigmatizar a la minería, destacando su rol estratégico para la economía y la generación de empleo. Esta tensión refleja un debate más amplio sobre el equilibrio entre productividad, seguridad y derechos laborales en un país donde la minería sigue siendo pilar económico.
La región de O’Higgins, donde se ubica El Teniente, sintió el efecto del sismo y la conmoción social posterior. La comunidad local mostró solidaridad con las familias afectadas, pero también preocupación por la continuidad de las operaciones y el impacto ambiental que podrían tener eventuales fallas en las instalaciones.
Organizaciones sociales y ambientales aprovecharon la ocasión para plantear la necesidad de una minería más responsable y sostenible, que priorice la vida y el bienestar de las personas por sobre la extracción acelerada.
Tras cuatro meses de la tragedia, la investigación oficial ha confirmado que el temblor fue el detonante inmediato, pero factores estructurales y de gestión previos contribuyeron a la vulnerabilidad del proyecto. Las cinco personas desaparecidas fueron localizadas con vida en las horas siguientes, gracias a los protocolos de rescate y la coordinación con equipos especializados.
Esta crisis ha puesto en evidencia que, aunque Chile tiene normativas robustas, la implementación y fiscalización en terreno pueden fallar. La tragedia en El Teniente no solo enluta a una familia y a una empresa, sino que convoca a una reflexión profunda sobre cómo se gestiona la seguridad en uno de los sectores más expuestos a riesgos naturales y humanos.
La tensión entre la urgencia productiva y la protección de las vidas humanas sigue siendo el gran desafío para la minería chilena, en un escenario donde la naturaleza no siempre avisa y la industria debe estar preparada para lo inesperado.