Nombramientos judiciales: Un paso hacia la renovación de la Corte Suprema: El desafío de reconstruir la confianza en el poder judicial chileno
El reciente proceso de nombramiento de dos ministros para la Corte Suprema marca un momento clave en la historia reciente del poder judicial chileno. Esta renovación se produce luego de un período turbulento, en el que la destitución de dos ministros y la suspensión de una jueza de garantía por graves faltas a la probidad sacudieron la confianza pública en la justicia.
Desde el origen de esta crisis, que alcanzó su punto más álgido en 2024, el debate se ha centrado en cómo garantizar que los nuevos nombramientos no repitan los errores del pasado. En este contexto, la opinión de la Comisión de Venecia, emitida en junio de 2025, ha cobrado especial relevancia. Su dictamen subraya que la selección de jueces debe ir más allá del conocimiento técnico y académico, incorporando atributos como el carácter, el buen juicio y la capacidad comunicativa para fortalecer la legitimidad y la transparencia judicial.
La nominación presidencial de los nuevos ministros, que ahora esperan la aprobación del Senado, ha reabierto el debate político. Desde sectores oficialistas se defiende que esta es una oportunidad para instaurar una "cultura de la independencia" en la judicatura, alineada con los estándares internacionales recomendados por la Comisión de Venecia. En contraste, voces opositoras advierten sobre el riesgo de que la politización y los cuoteos partidarios sigan condicionando las decisiones, debilitando la autonomía judicial.
A nivel regional, algunos actores destacan que esta renovación debe extenderse a tribunales inferiores, donde la falta de transparencia y la presión política han sido históricamente más evidentes. La sociedad civil, por su parte, reclama procesos más abiertos y mecanismos efectivos de control ciudadano para evitar que los nombramientos se transformen en meras decisiones administrativas sin impacto real en la justicia cotidiana.
Este escenario se enmarca en una reforma constitucional en trámite que busca crear un Consejo de Nombramientos Judiciales, con el objetivo explícito de profesionalizar y despolitizar el proceso. Sin embargo, la transición hacia este nuevo sistema aún es incierta y dependerá de la voluntad política y la presión social.
Como señala Marisol Peña, experta en justicia constitucional, "la eficaz protección de los derechos de las personas y grupos merece este esfuerzo, que debe traducirse en jueces probos, independientes y cercanos a la ciudadanía".
En definitiva, los nombramientos recientes son más que un simple trámite: representan un desafío para reconstruir la confianza en una institución fundamental para la democracia chilena. La tensión entre mérito, independencia y política seguirá siendo el campo de batalla donde se decidirá si la Corte Suprema puede emerger como un poder verdaderamente autónomo o continuará siendo presa de las disputas políticas y sociales.
Las consecuencias de este proceso ya se hacen sentir en la opinión pública, que observa expectante si estos cambios serán el inicio de una justicia más transparente y legítima o un episodio más en la prolongada crisis institucional. El tiempo y la actuación de los nuevos ministros serán el veredicto final.