El crimen organizado en Chile: Un desafío que redefine la seguridad y la economía nacional
Un enemigo con rostro propio
En las últimas décadas, el crimen organizado ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en una amenaza estructural que atraviesa las cárceles, las instituciones públicas y la economía chilena. La Gendarmería, tradicionalmente concebida para custodiar delincuentes individuales y facilitar su reinserción, se enfrenta hoy a un adversario que no solo opera desde el interior de los recintos penitenciarios, sino que ha instalado oficinas y centros de poder dentro de ellos. Esta realidad, revelada y analizada en profundidad por expertos y autoridades, marca un antes y un después en cómo se concibe la seguridad pública en Chile.
"Ser o no ser parte del circuito de seguridad pública, esa es la cuestión", reflexionaba Claudio Martínez, ex director nacional de Gendarmería. La institución debe redefinir su identidad y funciones, pasando de un modelo paternalista a uno centrado en la seguridad y el control efectivo del crimen organizado.
Un tablero complejo de actores y perspectivas
El combate contra estas redes no es tarea exclusiva de una sola entidad. En noviembre de 2025, Chile fue sede del "Encuentro Internacional sobre Flujos Ilícitos, Delitos Fiscales y Crimen Organizado", donde participaron el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Banco Mundial, la OCDE y diversas instituciones nacionales como Carabineros, PDI, Fiscalía y Aduanas.
Carolina Saravia, directora (s) del SII, enfatizó: "Con toda la información disponible, podemos colaborar y trabajar en conjunto con otros organismos públicos. No es un esfuerzo aislado, sino una coordinación que debe ser fluida y estratégica."
Desde la OCDE, Marcos Roca destacó que "sin una visibilidad completa de los flujos financieros es muy difícil seguir el dinero y atacar el corazón económico de estas organizaciones". La apertura del secreto bancario y la creación de mecanismos legales que permitan una investigación más rápida y efectiva son parte del debate urgente.
Impacto económico: una factura que paga toda la sociedad
El crimen organizado no solo hiere con violencia directa, sino que erosiona la economía nacional. Estudios recientes, como los de Clapes UC y análisis del FMI, muestran que el aumento de delitos asociados a estas redes genera una pérdida anual equivalente a más del 2% del PIB chileno.
La extorsión y la cooptación de funcionarios públicos son manifestaciones claras de control territorial y corrupción que afectan la gobernabilidad y la inversión. Sectores como el robo de salmón, partes de autos y comercio informal han sido identificados como focos donde el crimen organizado ha logrado penetrar, afectando la cadena productiva y la competencia justa.
"El fenómeno chileno es particular por su apertura económica y dinámica, lo que presenta oportunidades para el crimen organizado y exige soluciones propias", advierte Marcos Roca.
Contrastes y disonancias: voces desde la política y la sociedad
Mientras el Ministerio de Seguridad Pública impulsa una estructura jerárquica única para Gendarmería, algunos sectores abogan por mantener una visión más social y de reinserción, temiendo que un enfoque exclusivamente punitivo pueda aumentar la marginalidad.
En regiones afectadas, las comunidades demandan mayor protección y justicia efectiva, pero también cuestionan la corrupción y la impunidad que permiten la expansión de estas redes.
Expertos en derecho y economía coinciden en que sin fortalecer las instituciones, mejorar la coordinación intersectorial y dotar de herramientas legales adecuadas, el país continuará pagando un alto costo social y económico.
Verdades ineludibles y consecuencias futuras
Chile se encuentra en una encrucijada: el crimen organizado ha dejado de ser un problema policial para convertirse en un desafío de Estado que impacta la seguridad, la economía y la confianza institucional. La reingeniería de Gendarmería, la apertura de mecanismos de investigación financiera y la coordinación efectiva entre organismos públicos son pasos ineludibles.
Sin embargo, el camino no es sencillo ni exento de tensiones. La disonancia entre enfoques punitivos y sociales, la resistencia al cambio institucional y la magnitud del fenómeno exigen una mirada crítica y plural que permita a la sociedad chilena enfrentar esta tragedia ajena, pero que define su futuro.
En este coliseo, los actores se desafían mientras el país observa, consciente de que la batalla por la seguridad y la justicia es también una batalla por su propia estabilidad y desarrollo.