FES y la autonomía universitaria: un debate que trasciende la urgencia

El fin del Crédito con Aval del Estado (CAE) y la instauración del nuevo sistema de financiamiento para la educación superior (FES) han abierto un escenario de debate que, lejos de limitarse a aspectos económicos, ha puesto en el centro la defensa de la autonomía universitaria en Chile. Desde su presentación en el Congreso en julio de 2025, el proyecto ha generado inquietudes sobre si la dependencia creciente de recursos estatales podría traducirse en presiones políticas que limiten la libertad crítica y la diversidad de pensamiento en las universidades.

El rector Osvaldo Corrales Jorquera, representante del Consorcio de Universidades del Estado, ha sido una de las voces más prominentes en este debate. En su análisis, sostiene que aunque no existen indicios concretos de que el FES facilite un control ideológico estatal, la historia reciente y comparada muestra que gobiernos autoritarios han utilizado la dependencia financiera para condicionar la educación superior, como ocurrió bajo dictaduras y en regímenes contemporáneos en América Latina y Estados Unidos.

'La autonomía universitaria no es solo libertad de enseñanza, sino la capacidad de gobernarse a sí mismas, definir planes de estudio y políticas de investigación sin injerencia externa', enfatiza Corrales, quien propone elevar este principio a rango constitucional para blindar las universidades contra eventuales intentos de control político.

Este enfoque no está exento de controversias. Desde sectores más críticos al gasto público, se señala que el fortalecimiento de la autonomía podría convertirse en un blindaje para la ineficiencia o falta de rendición de cuentas en las instituciones. Por otro lado, algunos académicos advierten que una autonomía absoluta sin mecanismos de supervisión podría derivar en prácticas internas poco transparentes o elitistas.

A nivel regional, la preocupación también se extiende a las universidades privadas, que con la gratuidad y el FES reciben recursos públicos significativos. El debate ha puesto en evidencia la fragilidad del equilibrio entre financiamiento estatal y libertad académica, un desafío que no es exclusivo de Chile.

Las voces estudiantiles, por su parte, muestran un espectro amplio: desde quienes defienden la autonomía como garantía de pluralidad y crítica social, hasta quienes demandan mayor participación democrática y transparencia en la gestión universitaria.

En definitiva, el debate sobre el FES y la autonomía universitaria pone en escena un choque de tensiones fundamentales: el rol del Estado como garante del acceso a la educación superior versus el riesgo de que esa función derive en control ideológico o limitaciones a la libertad de cátedra.

La historia chilena reciente recuerda la intervención brutal durante la dictadura, cuando la autonomía fue vulnerada mediante la imposición de rectores militares y la persecución de académicos y estudiantes críticos. Esa memoria alimenta el consenso transversal sobre la necesidad de proteger la autonomía, aunque los caminos para hacerlo aún generan discrepancias.

Por ahora, la propuesta de elevar la autonomía universitaria a rango constitucional aparece como un punto de encuentro para quienes buscan garantizar que las universidades sigan siendo espacios de pensamiento crítico, diversidad y resistencia frente a eventuales autoritarismos.

Sin embargo, la tensión entre autonomía y control, entre libertad y responsabilidad, seguirá siendo un desafío abierto. Como advierte Corrales, sin libertad de cátedra, la autonomía es solo un simulacro. El futuro de la educación superior chilena dependerá de cómo se resuelva esta dialéctica en los próximos años, en un contexto donde la política, la sociedad y la academia se miran con el ojo crítico del pasado y la esperanza del porvenir.