IVA a los servicios digitales en Chile: un conflicto tributario con ecos internacionales

Un impuesto local que traspasa fronteras

Desde 2020, Chile aplica un IVA del 19% a servicios digitales prestados por empresas extranjeras sin domicilio en el país. Esta medida, en apariencia técnica y alineada con estándares internacionales, ha desencadenado un complejo juego de tensiones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos, principal origen de las plataformas afectadas.

La historia reciente de otros países muestra que esta no es una disputa aislada. Canadá suspendió en 2025 un impuesto similar ante amenazas explícitas de represalias por parte de Washington. Francia, Italia, España y Reino Unido experimentaron conflictos parecidos entre 2019 y 2021, ajustando o eliminando sus tributos para evitar sanciones arancelarias.

Perspectivas en pugna

Desde el Gobierno chileno, la norma se defiende como una medida para "emparejar la cancha" y aumentar la recaudación fiscal, sin intención de desincentivar la contratación de servicios digitales. “El IVA busca gravar operaciones que, si fueran físicas, ya estarían sujetas a impuesto, por lo que su aplicación a servicios digitales es coherente y justa”, explican autoridades de Hacienda.

Sin embargo, la administración estadounidense percibe esta tributación como un posible gravamen indirecto a sus gigantes tecnológicos, lo que ha generado presiones bilaterales y amenaza con afectar sectores clave de exportación chilena, como el cobre.

En el plano político, sectores críticos advierten que Chile enfrenta un dilema estratégico: mantener su soberanía tributaria o ceder ante la presión de un socio comercial dominante. “Este episodio evidencia cómo la tributación se ha convertido en un instrumento de poder geopolítico, donde las decisiones fiscales locales pueden ser condicionadas por intereses globales”, señala una experta en relaciones internacionales consultada para este análisis.

Impactos visibles y lecciones aprendidas

El caso chileno pone en jaque la capacidad del país para diseñar políticas fiscales autónomas en un mundo cada vez más interconectado y politizado. La coordinación entre Hacienda, Cancillería y organismos reguladores se ha vuelto crucial para comunicar el carácter técnico y legítimo de la medida, intentando evitar que se convierta en un punto de fricción mayor.

Las negociaciones en curso con Estados Unidos sobre aranceles y acuerdos comerciales están marcadas por esta tensión, que podría derivar en sanciones que afectarían la economía chilena.

Finalmente, esta situación invita a reflexionar sobre la naturaleza cambiante de la tributación internacional: ya no es solo una cuestión técnica, sino un campo de batalla donde convergen intereses económicos, políticos y estratégicos. Para Chile, el desafío reside en navegar este terreno con prudencia, defendiendo su autonomía sin perder de vista las realidades del poder global.

Fuentes: Diario Financiero, análisis de Deloitte, expertos en relaciones internacionales.