Alerta de tsunami en Chile: el desafío de la gestión y la confianza pública a cuatro meses del evento

El 29 de julio de 2025, un terremoto de magnitud 8,8 ocurrido en el oriente de Rusia desencadenó una alerta de tsunami para la costa chilena, generando una movilización inédita en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) emitió una alerta que obligó a activar protocolos de evacuación en estas zonas, mientras el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) sesionaba de urgencia bajo la presidencia de Gabriel Boric.

Un terremoto lejano, una amenaza local

El epicentro, ubicado a 119 kilómetros al este-sudeste de Petropavlovsk, en la península de Kamchatka, provocó una serie de olas que se estimaba llegarían a Chile en la madrugada siguiente. La incertidumbre y el temor se instalaron en la población costera, que enfrentó órdenes de evacuación con apenas horas para responder. El Senapred estableció que la evacuación debía realizarse con tres horas de anticipación a la llegada estimada de las olas, comunicándose a través de mensajería SAE.

Voces contrapuestas: gestión gubernamental bajo la lupa

Desde el oficialismo, el Presidente Boric insistió en la importancia de mantener la calma y seguir estrictamente las instrucciones oficiales. 'Por el terremoto en Rusia a esta hora se realiza Cogrid nacional. Por lo pronto tenemos alerta de tsunami para toda la costa de Chile para mañana. El protocolo es evacuar 3 horas antes de la estimación de llegada de la ola. Estaremos informando en detalle pasos a seguir. Mantenga la calma y sólo sigan instrucciones de autoridades', afirmó en su cuenta de X.

Sin embargo, sectores de oposición y expertos en gestión de riesgos cuestionaron la demora en la comunicación oficial y la falta de preparación en ciertas localidades. La diputada María Fernández señaló que 'la respuesta fue reactiva y evidenció falencias en los sistemas de alerta temprana, lo que pudo aumentar la vulnerabilidad de las comunidades más aisladas'. Por su parte, organizaciones sociales enfatizaron la necesidad de incorporar a las comunidades en la planificación y ejecución de protocolos, para evitar la desconfianza y el pánico.

Impactos sociales y psicológicos: el costo invisible

Más allá de la evacuación física, la alerta dejó una huella en la psique colectiva de las regiones afectadas. Estudios preliminares realizados por la Universidad de Chile revelan un aumento en los niveles de ansiedad y estrés postraumático en habitantes de zonas costeras, especialmente en adultos mayores y niños. 'La incertidumbre y la falta de información clara incrementaron el miedo y la sensación de abandono', comenta la psicóloga comunitaria Ana Rojas.

Además, el fenómeno puso en evidencia las desigualdades territoriales: mientras algunas comunas cuentan con infraestructura y recursos para enfrentar emergencias, otras permanecen al margen, agravando la brecha social y territorial en la gestión de riesgos.

Constataciones y aprendizajes

A cuatro meses de este episodio, se puede concluir que la experiencia chilena ante la alerta de tsunami fue un ensayo complejo entre la preparación institucional y la realidad social. La coordinación entre organismos, aunque activa, mostró áreas de mejora, especialmente en comunicación y participación ciudadana. La tensión entre mantener la calma y entregar información precisa sin generar alarma sigue siendo un desafío central.

En términos políticos, el episodio abrió un debate necesario sobre la gestión de riesgos en un país con alta exposición a desastres naturales, donde la confianza pública es tan vital como la capacidad técnica.

Finalmente, la lección más profunda es que el riesgo no se enfrenta solo con protocolos y tecnología, sino con la inclusión y el fortalecimiento de las comunidades que habitan las zonas más vulnerables, para transformar la tragedia potencial en resiliencia real.