
Un duelo tributario con consecuencias profundas para Chile se ha instalado con claridad a dos semanas de la segunda vuelta presidencial, protagonizado por Jeannette Jara (Unidad por Chile) y José Antonio Kast (Partido Republicano). Ambos ganadores de la primera vuelta el 16 de noviembre de 2025, sus propuestas impositivas no solo reflejan visiones económicas contrapuestas, sino que también anticipan el rumbo que podría tomar el sistema tributario nacional durante los próximos años.
El programa de Kast plantea una reducción progresiva del impuesto corporativo desde el actual 27% hasta un 23% en 2029, acompañado de la eliminación del impuesto a las ganancias de capital en bolsa y la creación de un crédito tributario para incentivar la formalización laboral, especialmente entre los trabajadores en riesgo de caer en la informalidad. La propuesta incluye además un compromiso explícito contra la evasión fiscal, aunque con un recorte simultáneo del gasto público y personal estatal —lo que ha generado dudas sobre la capacidad operativa del Servicio de Impuestos Internos (SII).
Claudio Bustos, socio de Bustos Tax & Legal, destaca que "Kast claramente establece medidas tributarias que favorecen la reactivación de la economía, el crecimiento y la inversión". Sin embargo, Vicente Furnaro, socio de Tax Defense, advierte que "menos gente para más trabajo no calza", evidenciando una aparente contradicción en la propuesta.
Francisca Pérez Navarro, socia líder de impuestos en Grant Thornton Chile, aporta una mirada más estratégica: "Chile no necesita aumentar impuestos; tiene que gastar mejor y volver a un sistema tributario estable y proinversión, que recaude a partir del crecimiento de la torta".
En contraste, Jeannette Jara no plantea una reforma tributaria radical, sino un fortalecimiento sustantivo de la capacidad fiscalizadora del SII, incluyendo la flexibilización del secreto bancario para investigaciones tributarias y contra el crimen organizado. Su programa apunta a eliminar o reducir ciertas exenciones tributarias, aunque sin especificar cuáles, siguiendo en parte las recomendaciones de la Comisión Vergara de 2021.
Sofía Orbegozo, socia de Forvis Mazars, explica que "Jara se concentra en fortalecer las facultades de fiscalización y en mejorar la aplicación del impuesto territorial". Juan Pablo Cabello, socio de Cabello Abogados Tributarios, valora el foco en controlar el ingreso de mercancías ilegales, pero lamenta la falta de propuestas claras para simplificar el sistema o incentivar el crecimiento.
El debate no se limita a los dos finalistas. Propuestas de candidatos eliminados en primera vuelta también alimentan la discusión. Por ejemplo, Evelyn Matthei planteó la creación de contratos de invariabilidad tributaria por hasta 20 años, una suerte de nuevo DL 600 para atraer inversión, mientras Harold Mayne-Nicholls propuso aumentar el impuesto a las emisiones contaminantes.
Arturo Garnham, socio de Garnham Abogados, sostiene que "otorgar mayor certeza al inversionista es esencial, y volver a un DL 600 recargado es clave para reactivar la inversión". Además, la revisión y simplificación de la Ley I+D para hacerla más accesible a las Pymes, y la posible eliminación del IVA a servicios profesionales, son temas que no aparecen en los programas oficiales, pero que varios expertos consideran relevantes.
Después de una década de reformas tributarias que no lograron los objetivos prometidos, el país se enfrenta a una encrucijada: optar por un modelo que privilegie la reducción de impuestos para estimular la inversión y el empleo, o uno que fortalezca la fiscalización para combatir la evasión y ampliar la base tributaria. Ambas posturas tienen sus riesgos y beneficios, y la tensión entre ellas se refleja en la complejidad de las propuestas.
Lo cierto es que el sistema tributario chileno sigue siendo complejo y fragmentado, con una maraña de regímenes y exenciones que dificultan el cumplimiento y la transparencia. La ausencia de un consenso claro sobre la simplificación y el diseño de incentivos adecuados podría prolongar la incertidumbre.
Finalmente, la capacidad del Estado para fiscalizar eficazmente y al mismo tiempo ofrecer un ambiente propicio para la inversión será un desafío mayúsculo para el próximo gobierno, cualquiera que sea su signo. La tensión entre austeridad fiscal y fortalecimiento institucional será el telón de fondo de una batalla que va más allá de la política y que impactará directamente en el crecimiento económico y la equidad social del país.
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Fuentes consultadas: Diario Financiero, análisis de expertos tributarios de Bustos Tax & Legal, Tax Defense, Grant Thornton Chile, Forvis Mazars, Cabello Abogados Tributarios, Mizon Abogados, Garnham Abogados, ARH Abogados, Mena Alessandri & Asociados.