Colombia condena a Álvaro Uribe por manipulación de testigos: un juicio que divide a la nación

Un fallo sin precedentes sacudió a Colombia y a la región cuando, tras más de una década de investigación y un juicio que se extendió por 67 audiencias, la jueza Sandra Heredia declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Este veredicto marca un hito en la historia judicial del país, pues es la primera vez que un exjefe de Estado enfrenta un proceso penal y resulta condenado.

El proceso se originó en 2012, cuando Uribe demandó al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Sin embargo, la Corte Suprema terminó abriendo una investigación contra Uribe en 2018, encontrando indicios de que él también habría intentado influir en testimonios a su favor a través de intermediarios. La sentencia de primera instancia, leída en julio de 2025, concluyó que el expresidente usó a su abogado Diego Cadena para sobornar a exparamilitares, incluido Juan Guillermo Monsalve, con el fin de que cambiaran sus declaraciones.La jueza afirmó que Uribe "conocía el plan" y que hubo soborno "más allá de toda duda". Sin embargo, fue absuelto por el delito de soborno simple, debido a dudas probatorias en ese ámbito.

Este fallo no solo ha generado conmoción en Colombia, sino que ha trascendido fronteras. Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio calificó el juicio como una "instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales" y advirtió que el fallo establece un "precedente preocupante". Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro defendió la independencia judicial, enfatizando que "los jueces no se presionan, se protegen en su libertad", y garantizó la protección estatal para la jueza y su familia.

En el escenario político nacional, las reacciones son diametralmente opuestas. La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático fundado por Uribe, denunció el fallo como un "monumento a la arbitrariedad judicial y la politización de la justicia", anticipando recursos de apelación y casación. En contraste, sectores de izquierda y organizaciones sociales ven en la condena una señal de avance en la lucha contra la impunidad y el abuso de poder.

"No es un juicio contra la historia política de Colombia, no es una revancha, no es un acto de oposición, es un acto de justicia y solo de justicia", afirmó la jueza Heredia al leer el fallo, intentando enmarcar el proceso en un marco legal y no político.

El caso aún no está cerrado. La defensa de Uribe dispone de cinco días para apelar, y el proceso podría extenderse hasta la Corte Suprema, donde la revisión podría tardar años. Existe además el riesgo de prescripción si no se resuelve en los plazos establecidos, lo que podría archivar el caso sin una sentencia definitiva en instancias superiores.

Este juicio ha expuesto las profundas fracturas que atraviesan a Colombia: la tensión entre memoria histórica y justicia, la polarización política que divide a la sociedad, y la percepción de la independencia o instrumentalización del poder judicial. Un país que durante décadas ha enfrentado violencia política y paramilitarismo hoy observa cómo su exmandatario es juzgado por esos mismos conflictos.

Para los observadores internacionales y nacionales, la condena a Uribe es más que un hecho jurídico: es un espejo de las complejidades y contradicciones de Colombia, donde la justicia se convierte en un campo de batalla político y simbólico. La historia aún está en curso, y sus consecuencias políticas y sociales se seguirán desplegando en los próximos meses.

En definitiva, este fallo abre un capítulo inédito que obliga a Colombia a confrontar sus heridas y a cuestionar los límites entre justicia, política y poder. La pregunta que queda flotando es si este proceso será un paso hacia una democracia más madura o un nuevo episodio en la polarización que ha marcado al país por décadas.