Álvaro Uribe: Condena y ofensiva política en un país dividido

En un episodio que marca un antes y un después en la historia política colombiana, Álvaro Uribe Vélez fue declarado culpable en julio de 2025 por un tribunal de Bogotá de los delitos de soborno y fraude procesal. Esta sentencia, resultado de una batalla judicial que se extendió por más de una década, lo convierte en el primer expresidente colombiano en enfrentar una condena penal. La jueza Sandra Heredia determinó que Uribe instigó a emisarios para manipular testigos encarcelados, en un intento por favorecer su imagen ante acusaciones de nexos con grupos paramilitares.

Sin embargo, lejos de quedar relegado al ostracismo político, Uribe ha desplegado una ofensiva que ha reconfigurado el mapa de la derecha colombiana. En octubre, el expresidente comenzó a tender puentes entre rivales de la extrema derecha y antiguos adversarios como Germán Vargas Lleras, buscando consolidar una coalición amplia que pueda desafiar la continuidad del actual gobierno de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de 2026.

Este movimiento ha generado una dinámica de tensiones y alianzas inéditas. Por un lado, Uribe se acerca a figuras emergentes como Abelardo De La Espriella y Vicky Dávila, quienes pugnan por la candidatura presidencial dentro de la derecha más dura. Por otro, ha logrado un acercamiento con Vargas Lleras, líder de Cambio Radical, con quien había mantenido una rivalidad histórica. Ambos partidos han emitido comunicados conjuntos en defensa de figuras uribistas atacadas por el gobierno actual, evidenciando una estrategia común contra lo que denominan "neocomunismo".

Desde una óptica política, esta ofensiva representa la persistencia de Uribe como un actor clave, pese a su condena judicial. Su influencia en el Centro Democrático sigue vigente, moldeando las reglas internas para la selección del candidato presidencial y asegurando la participación de figuras cercanas a su círculo, como la familia Uribe Turbay.

Socialmente, el país se encuentra nuevamente polarizado. Para muchos sectores de izquierda y movimientos sociales, la condena a Uribe simboliza un triunfo en la lucha contra la impunidad y los abusos del pasado. Sin embargo, para sus seguidores y buena parte de la derecha, Uribe es víctima de una persecución política y un baluarte contra la amenaza que representa el gobierno de Petro.

La región también observa con atención este fenómeno. La persistencia de Uribe en la arena política, a pesar de su condena, refleja las complejidades de las democracias latinoamericanas, donde la justicia y la política a menudo se entrelazan en escenarios de alta conflictividad.

En definitiva, la historia de Uribe en 2025 es la de un hombre que enfrenta la tragedia judicial y, al mismo tiempo, libra una batalla política con la intensidad de un gladiador. La condena ha dejado una marca imborrable, pero su capacidad para influir en el destino de Colombia sigue siendo palpable. La gran coalición que busca formar podría definir no solo el futuro inmediato de la derecha colombiana, sino también la estabilidad política y social de un país que aún arrastra heridas profundas.

Las verdades que se pueden constatar hoy son claras: la justicia colombiana ha dado un paso sin precedentes al condenar a un expresidente; la política, sin embargo, no se detiene ante los fallos judiciales; y la polarización, lejos de ceder, se profundiza, con consecuencias imprevisibles para la democracia y la sociedad colombiana.