La Corte Suprema ratifica la autonomía del Ministerio Público: el caso Cooper y sus reverberaciones políticas

Un fallo que marcó un hito en la relación entre política y justicia en Chile. El pasado 28 de julio de 2025, la Corte Suprema rechazó de forma unánime el requerimiento de destitución del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, una figura central en investigaciones de alto impacto como el caso Procultura. Esta decisión no solo mantuvo a Cooper en su cargo, sino que también reafirmó un principio fundamental: la autonomía del Ministerio Público frente a presiones políticas.

El origen de la controversia estuvo en una solicitud impulsada por diez diputados oficialistas, que acusaban a Cooper de graves faltas, incluyendo la filtración de antecedentes y una supuesta desproporcionalidad en sus métodos investigativos. Sin embargo, el máximo tribunal chileno desestimó estos cargos, calificándolos de infundados y dejando claro que la remoción de fiscales no puede ser utilizada como una herramienta de presión política.

Esta sentencia desató un intenso debate, en el que se enfrentaron visiones encontradas sobre el equilibrio entre la independencia judicial y la responsabilidad política. Desde la oposición, parlamentarios de partidos como el PSC, UDI, RN y Evópoli celebraron la decisión como un respaldo institucional crucial. “El fallo de la Corte Suprema entrega una señal positiva al país en cuanto al respeto de las instituciones y la autonomía del Ministerio Público”, afirmó el diputado Roberto Arroyo (PSC).

En esta línea, la diputada Marlene Pérez (UDI) criticó el trasfondo político de la solicitud oficialista, advirtiendo que “hay que ser muy responsables cuando se cuestiona a una autoridad como el fiscal nacional, porque eso tiene impacto directo en la credibilidad del sistema de persecución penal”. Para ella, la sentencia reafirma la necesidad de mantener la Fiscalía al margen de presiones externas, especialmente en un contexto de creciente inseguridad ciudadana.

Por su parte, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) calificó el intento de remoción como un uso irresponsable de las herramientas judiciales con fines políticos, subrayando que “el respeto del estado de derecho y la independencia de poderes pasa por hacer buen uso de las herramientas judiciales y de control”.

Desde la vereda oficialista, la diputada Camila Flores (RN) valoró que Cooper continúe en funciones, destacando su rol en la investigación de casos emblemáticos. “Esperamos que siga trabajando con objetividad, con la celeridad que los chilenos necesitan y, sobre todo, con las diligencias necesarias, sean para quien sea y cueste lo que cueste”, aseguró.

Este episodio evidencia la creciente tensión entre poderes del Estado en Chile y plantea interrogantes sobre los límites de la fiscalización política y la autonomía judicial. En un país que enfrenta una ola delictual que demanda respuestas firmes, la independencia del Ministerio Público aparece como un pilar indispensable para garantizar justicia efectiva y confianza ciudadana.

En conclusión, la Corte Suprema no solo cerró la puerta a la salida anticipada de Cooper, sino que también estableció un precedente sobre la protección institucional frente a intentos de presiones políticas. Sin embargo, las diferencias en torno a este caso reflejan una disonancia cognitiva profunda entre actores políticos y sociales sobre cómo equilibrar la independencia judicial con la rendición de cuentas.

Este fallo invita a la reflexión sobre la necesidad de fortalecer mecanismos que aseguren tanto la autonomía del Ministerio Público como la transparencia y responsabilidad en su actuar, para evitar que disputas políticas erosionen la confianza en el sistema de justicia y, con ello, la estabilidad democrática de Chile.