
El pasado 18 de julio de 2025, Dahud Hanid Ortiz, un exmarine estadounidense condenado por un triple asesinato en Madrid, fue liberado tras un controvertido intercambio de presos entre Estados Unidos y Venezuela. Ortiz había cumplido apenas seis años y nueve meses de una condena de 30 años dictada en Venezuela, donde fue juzgado por un crimen cometido en España. Su liberación ha desatado una tormenta política y social que, lejos de amainar con el paso de los meses, ha dejado en evidencia las fragilidades y contradicciones del sistema judicial internacional y las tensiones geopolíticas que lo atraviesan.
En junio de 2016, Ortiz condujo desde Alemania hasta Madrid para cometer un asesinato motivado por celos. En su ataque, mató a tres personas inocentes, incluyendo dos empleadas de un estudio jurídico y un cliente que confundió con su objetivo. Tras huir, se refugió en Venezuela, país de su nacimiento, donde fue detenido en 2018 y condenado en 2024. Sin embargo, la reciente decisión de Estados Unidos de aceptarlo en su territorio y liberarlo ha generado una profunda controversia.
Desde la perspectiva de las víctimas y sus familias, la liberación es una afrenta a la justicia y un golpe a la memoria de los fallecidos. Juan Carlos Consuegra, padre de una de las víctimas, ha declarado: "Esto ha sido una burla, exigimos que se restablezca el Estado de derecho". Víctor Salas, abogado y sobreviviente del intento de asesinato, ha expresado su cansancio tras años de lucha: "Nueve años de idas y venidas para obtener justicia y lo único que vemos es impunidad".
Por otro lado, la administración estadounidense ha sido escueta en sus explicaciones, limitándose a señalar que muchos detenidos en Venezuela denunciaron torturas, lo que habría motivado su aceptación sin un análisis profundo de antecedentes penales. Esta postura ha generado sospechas sobre la falta de coordinación y comunicación entre los gobiernos involucrados.
En España, el silencio oficial ha sido notable, probablemente para no afectar las delicadas relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela. Sin embargo, la Fiscalía española ha remitido un informe al gobierno estadounidense, pidiendo acciones concretas, aunque hasta ahora sin resultados visibles.
Este caso no solo expone las dificultades para la cooperación judicial internacional en casos complejos, sino que también pone en evidencia la politización de la justicia en escenarios de alta tensión geopolítica. La liberación de Ortiz tras un intercambio de prisioneros entre dos países con relaciones conflictivas revela cómo los intereses estratégicos pueden prevalecer sobre la búsqueda de justicia para las víctimas.
Además, la historia de Ortiz, un exsoldado con daños psicológicos tras su paso por Irak, abre un debate sobre el impacto de la guerra en la conducta humana y la responsabilidad de los Estados en la reinserción y vigilancia de sus excombatientes.
Finalmente, el caso ha generado alarma en Europa, donde no se ha confirmado si existe una alerta para impedir el ingreso de Ortiz, considerado por expertos como un peligro potencial.
La liberación de Dahud Hanid Ortiz es un claro ejemplo de las contradicciones entre justicia, política y seguridad internacional. La impunidad percibida por las víctimas y la falta de coordinación entre Estados resaltan la necesidad de fortalecer los mecanismos multilaterales que garanticen la aplicación efectiva del derecho penal transnacional.
Este episodio pone en jaque la confianza ciudadana en los sistemas judiciales y plantea la urgente discusión sobre cómo equilibrar los intereses políticos con los derechos de las víctimas y la seguridad pública. Mientras tanto, las familias damnificadas cargan con el dolor de una tragedia que, a casi una década de distancia, sigue sin resolverse.
Fuentes: EL PAÍS (2025-07-28), declaraciones de familiares y autoridades judiciales españolas y estadounidenses.
2025-11-12
2025-11-12