Tragedias viales y conflictos armados: dos crisis que revelan las grietas de la seguridad en América Latina
En la última semana, la tragedia ha golpeado con crudeza las rutas de Chile y los territorios en conflicto de Colombia, dejando un saldo doloroso y abriendo un debate urgente sobre seguridad, derechos humanos y políticas públicas.
El jueves 20 de noviembre, en la Ruta 5 Norte a la altura de Vallenar, una triple colisión entre camiones dejó dos personas muertas y dos lesionadas. La SIAT de Carabineros y el SAMU trabajaron en el lugar, mientras las causas del accidente permanecen bajo investigación. Apenas seis días antes, en la ruta costera A1 que une Iquique y Tocopilla, un choque violento entre dos vehículos terminó con tres fallecidos y dos heridos graves. Ambas tragedias evidencian la persistente vulnerabilidad en las vías que conectan el norte chileno, una zona con alta circulación de transporte pesado y condiciones geográficas complejas.
Desde un enfoque regional, estas muertes reavivan críticas sobre la infraestructura vial y la gestión de emergencias en zonas apartadas, donde la respuesta rápida puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Por su parte, sectores políticos y sociales reclaman mayor inversión y campañas de prevención, mientras que algunos actores empresariales llaman a mejorar la regulación del transporte de carga para evitar accidentes de alta energía.
En paralelo, al otro lado de la cordillera, Colombia enfrenta una crisis humanitaria y política que ha escalado en las últimas semanas. Desde agosto, 15 menores de edad reclutados por grupos armados ilegales han muerto en bombardeos ejecutados por el ejército colombiano en departamentos como Amazonas, Guaviare y Arauca. Esta cifra, confirmada por Medicina Legal, ha generado un fuerte rechazo de la Defensoría del Pueblo y organizaciones internacionales, que denuncian violaciones al Derecho Internacional Humanitario y un fracaso en la protección de la infancia.
El presidente Gustavo Petro, quien llegó al poder en 2022 prometiendo una "paz total" basada en el diálogo, ha dado un giro radical a su estrategia al endurecer la ofensiva militar contra las guerrillas. La designación en 2025 del general Pedro Sánchez como ministro de Defensa marcó un cambio hacia una política de "zanahoria y garrote", combinando negociaciones con un recrudecimiento de los bombardeos. Petro defiende esta postura argumentando que suspender las acciones militares solo incentivaría más reclutamiento infantil por parte de los grupos insurgentes.
"Si se suspenden los bombardeos, los capos van a reclutar más niños y niñas, porque se darán cuenta que así se cubrirán de riesgos militares mayores", afirmó Petro en su cuenta de X. Sin embargo, expertos como la periodista Juanita Vélez y el analista Gerson Arias advierten sobre la contradicción entre la retórica pacifista y la realidad de los ataques, señalando fallas en la inteligencia militar y una presión política interna y externa que limita alternativas.
Este escenario se enmarca en un contexto electoral complejo para Colombia, con la violencia como tema central. El asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y los ataques coordinados contra la Fuerza Pública han tensionado aún más el ambiente político y social.
La convergencia de estas tragedias en Chile y Colombia pone en evidencia las múltiples dimensiones de la seguridad en América Latina: desde la fragilidad en la gestión vial y la prevención de accidentes en Chile, hasta los dilemas éticos y estratégicos en la lucha contra la insurgencia en Colombia.
Mientras en Chile se debate sobre inversión pública, regulación del transporte y mejoras en la respuesta de emergencia, en Colombia se confronta la dificultad de equilibrar la defensa nacional con la protección de los derechos humanos, especialmente de los más vulnerables como los menores reclutados.
Esta doble realidad invita a reflexionar sobre las políticas de seguridad en la región, la necesidad de enfoques integrales que consideren factores sociales, económicos y políticos, y el costo humano que implica la ausencia de soluciones sostenibles.
En definitiva, las cinco vidas perdidas en las rutas chilenas y los 15 menores muertos en bombardeos colombianos son cifras que no solo cuentan tragedias individuales, sino que también revelan las grietas de sistemas que requieren urgentes reparaciones y debates profundos.
Fuentes consultadas: BioBioChile, Cooperativa, BBC News Mundo, informes de Medicina Legal Colombia, declaraciones oficiales del gobierno colombiano y análisis de expertos en seguridad y derechos humanos.