
Un nuevo escenario regional se despliega frente a los ojos de inversionistas y urbanistas chilenos. Desde mediados de 2025, al menos diez proyectos inmobiliarios impulsados por grupos chilenos han comenzado a tomar forma en distintas zonas de Uruguay, incluyendo Montevideo, Punta del Este, Canelones y áreas rurales como José Ignacio. Este fenómeno, que a primera vista podría verse como una simple expansión económica, es en realidad una trama compleja donde se cruzan intereses empresariales, desafíos jurídicos y una apuesta estratégica a largo plazo por un país vecino que ofrece estabilidad y oportunidades singulares.
El impulso inicial viene de la mano de la estabilidad política y comercial que Uruguay exhibe en la región. Según el reciente Índice de Oportunidad Global 2025 del Milken Institute, Uruguay se posiciona en el lugar 44 a nivel mundial, justo detrás de Chile, lo que refleja un entorno favorable para la inversión.“Pensamos en Uruguay porque es uno de los países más estables de la región, desde el punto de vista comercial, jurídico y político”, afirma Diego Varela, gerente comercial y socio de Biosfera Austral, uno de los actores clave en esta oleada. Esta estabilidad, sumada a incentivos tributarios como exenciones en impuestos sobre arriendo y ventas, ha seducido a varios grupos chilenos.
El espectro de participantes es amplio y revela distintas estrategias y perfiles:
- Biosfera Austral y Wbuild han unido fuerzas para desarrollar dos proyectos rurales en José Ignacio, con un fuerte énfasis en la conservación ambiental —el 90% del terreno de La Ribera está destinado a preservación— y con inversiones de figuras conocidas del mundo empresarial chileno, como ejecutivos del grupo Angelini y la familia Fontecilla.
- PatagonLand, en alianza con la firma uruguaya Acsa, impulsa cuatro proyectos urbanos en Montevideo y Canelones, que suman ventas esperadas por alrededor de US$100 millones. Su modelo combina capital chileno de alto patrimonio con socios locales, aprovechando un marco regulatorio más expedito que en Chile.“Uruguay para nosotros ha sido una experiencia donde la permisología ha sido mejor que acá. Nos gusta también la certeza jurídica”, comenta Diego Errázuriz, socio de PatagonLand.
- Castro & Tagle, firma de arquitectos chilenos, ha apostado por una internacionalización que incluye complejos residenciales en Montevideo y Punta del Este, apoyándose en profesionales que se han radicado en Uruguay para facilitar la operación y adaptación local.
Si bien la narrativa oficial destaca la estabilidad y los incentivos, no todo es un camino llano. La ausencia de un crédito hipotecario masivo y tasas de interés más altas que en Chile constituyen un freno para el desarrollo residencial tradicional. Además, la permisología, aunque más ágil, mantiene exigencias estrictas que obligan a los actores a navegar con cuidado.
El enfoque en la conservación ambiental, especialmente en proyectos rurales, abre interrogantes sobre la sostenibilidad y el impacto social en comunidades locales. La creación de sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (SAS BIC) para garantizar reportes y fiscalización es un mecanismo novedoso que busca equilibrar desarrollo y protección, pero que también implica mayores responsabilidades para los inversionistas.
Desde una perspectiva política, la gestión del Frente Amplio en Uruguay, con Yamandú Orsi a la cabeza, ha sido valorada positivamente por los inversionistas, pero la estabilidad política no garantiza ausencia de tensiones sociales o cambios futuros en las políticas públicas.
En Uruguay, la llegada masiva de capital chileno genera expectativas de dinamización económica, empleo y desarrollo urbano. Sin embargo, también hay inquietudes respecto a la posible gentrificación y presión sobre los precios de suelo y vivienda, especialmente en zonas turísticas y rurales.
En Chile, este fenómeno es visto con una mezcla de orgullo empresarial y preocupación por la fuga de capitales y talentos hacia mercados externos, lo que refleja una tensión latente entre la globalización y las prioridades nacionales.
La inversión inmobiliaria chilena en Uruguay es un fenómeno que va más allá de la simple expansión económica. Representa un diálogo entre países vecinos con historias y economías distintas, donde la estabilidad, la normativa y la visión de largo plazo se conjugan para redefinir fronteras de capital y desarrollo.
Este movimiento pone en evidencia las fortalezas y debilidades de ambos países: la solidez institucional y los incentivos uruguayos frente a la mayor escala y experiencia chilena. También plantea preguntas sobre sostenibilidad, equidad y el futuro de los mercados inmobiliarios en la región.
En definitiva, la apuesta chilena en Uruguay es un desafío que obliga a repensar no solo negocios, sino también las relaciones políticas, sociales y ambientales entre ambos países, con consecuencias que recién comienzan a desplegarse.