El tráfico de mercurio en México alimenta la minería ilegal: una red criminal y ambiental en expansión

Desde hace más de cinco años, México se ha convertido en el epicentro de una compleja red de tráfico ilícito de mercurio que alimenta la minería ilegal de oro en América Latina, especialmente en Colombia y Perú. Entre 2019 y 2024, se han contrabandeado al menos 200 toneladas de mercurio desde las minas de Querétaro hacia países sudamericanos, según un informe exhaustivo de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA) publicado en julio de 2025.

Este fenómeno no es solo un problema ambiental, sino también un desafío de seguridad y gobernanza. La sofisticada operación criminal está controlada en gran parte por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado el grupo delictivo más peligroso de México. Investigadores de la EIA documentaron la militarización de las minas con puestos de control, cámaras y fortificaciones en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, una de las áreas protegidas más biodiversas del país.

Por un lado, las autoridades mexicanas han reportado una reducción oficial en la producción de mercurio primario, incluso declarando cero producción entre 2019 y 2021. Sin embargo, la realidad constatada por la EIA muestra una brecha creciente: se estima un contrabando anual promedio de 30 a 36 toneladas no declaradas, ocultas en cargas declaradas falsamente como "material de construcción" o "piedras decorativas" para evadir la detección en puertos clave.

Desde una perspectiva ambiental, las consecuencias son devastadoras. El mercurio es uno de los contaminantes más tóxicos y persistentes, y su uso en la minería artesanal y de pequeña escala (ASGM) genera contaminación masiva. Los suelos residenciales en zonas mineras presentan concentraciones de mercurio hasta 150 veces superiores a los límites permitidos, y los sedimentos de ríos hasta 1,400 veces más altos. Comunidades enteras han sufrido intoxicaciones severas, como ocurrió en Querétaro en 2015.

En América del Sur, la llegada del mercurio mexicano alimenta la extracción ilegal de oro, que a su vez genera violaciones de derechos territoriales, conflictos internos y la proliferación de crímenes convergentes como el tráfico de armas, drogas y explotación sexual. En Colombia, el mercurio es vendido a grupos armados como las FARC, que controlan las zonas mineras. En Perú, se han realizado incautaciones históricas, pero el flujo persiste.

Las voces se dividen sobre las responsabilidades y soluciones. Desde el gobierno mexicano, se insiste en el compromiso con el Convenio de Minamata para eliminar la producción de mercurio primario, con un plazo hasta 2032. Sin embargo, expertos y organizaciones ambientales critican el "período de gracia" que permite esta extracción, señalando que fomenta la impunidad y el daño irreversible.

Por su parte, las comunidades afectadas y organizaciones indígenas denuncian la falta de protección efectiva y la complicidad estatal frente a la expansión criminal y ambiental. Mientras tanto, la EIA llama a una acción coordinada regional urgente, que incluya el cierre acelerado de minas, mayor vigilancia comercial con inteligencia artificial y reformas al Convenio de Minamata para prohibir completamente el comercio internacional de mercurio.

Este conflicto, que combina intereses económicos ilegales, violencia organizada y una crisis ambiental profunda, pone en jaque la soberanía y la salud de múltiples países latinoamericanos. Como advierte el informe de la EIA, "la ausencia o el silencio de los Estados en la lucha contra estos crímenes no significa neutralidad, significa complicidad". La tragedia se despliega en el terreno, entre comunidades envenenadas, ecosistemas devastados y un mercado global que sigue demandando oro a cualquier costo.

En definitiva, el tráfico de mercurio en México no es un problema aislado sino una pieza clave en una red transnacional que desafía las políticas ambientales, los derechos humanos y la seguridad regional. Las acciones y decisiones que se tomen en los próximos meses serán decisivas para contener un daño que ya ha dejado cicatrices profundas y que amenaza con dejar un legado tóxico para generaciones futuras.