Estados Unidos endurece la persecución penal contra la evasión de aranceles: un giro que sacude el comercio global
En un cambio significativo que ha ido tomando forma desde mediados de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha consolidado una unidad especializada para perseguir penalmente a quienes evadan los aranceles impuestos durante la administración Trump. Esta medida, anunciada públicamente en julio y con efectos palpables en las últimas semanas, marca un quiebre respecto a la práctica previa, donde las infracciones comerciales se resolvían principalmente mediante multas o acuerdos civiles.
Este enfoque más duro responde a la preocupación de Washington por las pérdidas millonarias que la evasión arancelaria genera al fisco estadounidense. Matthew Galeotti, director de la división penal del Departamento de Justicia, señaló que "la aplicación de medidas penales es apropiada para infracciones legales significativas" y que "cuando los importadores hacen trampa, evitan el costo total de importar productos a Estados Unidos". La estrategia incluye la reasignación de recursos desde unidades de fraude financiero hacia esta nueva prioridad.
Las investigaciones abarcan tanto los aranceles vigentes durante la administración Trump como los implementados en la actual gestión Biden. Según fuentes internas, fiscales en distintas jurisdicciones han solicitado información detallada sobre transacciones, cadenas de suministro y comunicaciones empresariales de años recientes. Esta recopilación apunta a construir casos sólidos que puedan sostener acusaciones penales, un escenario inédito en este tipo de delitos.
Este endurecimiento ha generado diversas reacciones. Desde el sector empresarial, expertos como Ana Hinojosa, exfuncionaria de aduanas y actual asesora, advierten sobre la creciente presión y el escrutinio minucioso que enfrentan las compañías, con solicitudes de información "muy específicas" que buscan detectar errores o fraudes. Para algunos empresarios, se trata de un desafío que obliga a revisar exhaustivamente sus prácticas y documentación.
En el plano político, la medida se interpreta como parte de una estrategia más amplia para proteger la industria nacional estadounidense y reforzar el cumplimiento de una política comercial cada vez más proteccionista. Sin embargo, también ha generado inquietud en países socios y bloques comerciales, que ven en esta postura un riesgo para la estabilidad y previsibilidad del comercio internacional.
Desde América Latina, donde las exportaciones hacia Estados Unidos representan un pilar económico, la noticia ha sido recibida con cautela. Voces de gremios exportadores y analistas advierten que la aplicación rigurosa de esta política podría afectar cadenas de suministro y encarecer costos, con impactos que se trasladarían a precios y empleo.
Hasta la fecha, no se han formalizado cargos penales públicos, pero el proceso de recopilación y análisis de evidencias avanza con rapidez. La magnitud de esta transformación en la política arancelaria estadounidense invita a observar con atención sus consecuencias a mediano y largo plazo.
En definitiva, la instauración de un mecanismo penal para combatir la evasión arancelaria en Estados Unidos representa un punto de inflexión que trasciende fronteras. Mientras el gobierno estadounidense busca cerrar brechas legales y proteger sus ingresos, las empresas y países afectados enfrentan la necesidad de adaptarse a un escenario más riguroso y complejo. La tensión entre control fiscal, política proteccionista y dinámica global del comercio se despliega como un drama con múltiples actores y consecuencias aún por definirse.