A fines de junio, se materializó un silencio que resonó con fuerza en los pasillos del Ministerio de Salud: ninguna compañía de seguros presentó una oferta para la licitación de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) de Fonasa. Lo que fue anunciado como una de las soluciones estrella post crisis de las Isapres —una vía para que millones de afiliados al sistema público accedieran a la red de clínicas privadas con un copago reducido— terminó en un fracaso rotundo. Más de un mes después, con la polvareda del anuncio inicial ya asentada, el análisis de los hechos revela que no se trató de un simple tropiezo administrativo, sino de la consecuencia previsible de un diseño que ignoró las advertencias técnicas y las complejidades del mercado.
La MCC prometía ser un puente entre los dos mundos de la salud chilena. Por una prima mensual estimada en torno a los 30 mil pesos, adicional al 7% obligatorio, los usuarios de Fonasa podrían acceder a una cobertura similar a la de una Isapre en prestadores privados. Sin embargo, la promesa se topó con una pared de realidad económica y desconfianza.
El fracaso de la licitación no se explica por una sola causa, sino por una confluencia de incertidumbres que ninguna aseguradora estuvo dispuesta a asumir. El principal fantasma fue la selección adversa: el temor fundado de que solo las personas con mayores necesidades de salud —y por ende, más costosas de asegurar— contratarían el seguro, haciendo el modelo financieramente insostenible. Sin una masa crítica de afiliados sanos, el riesgo era demasiado alto.
A esto se sumaron otras debilidades estructurales en las bases de la licitación. Fuentes de la industria y editoriales de medios especializados señalaron que el arancel fijado por Fonasa para las prestaciones no era lo suficientemente atractivo para sumar a las clínicas de alta complejidad, especialmente en la Región Metropolitana. Esto dejaba a la promesa sin uno de sus principales atractivos: el acceso a una red robusta y de prestigio. La prima sugerida, además, fue vista como insuficiente para cubrir los costos reales en un escenario de alta siniestralidad, un cálculo que, sin experiencias previas, era casi imposible de realizar con certeza.
La reacción oficial no tardó en llegar. El director de Fonasa, Camilo Cid, llamó a “desdramatizar” la situación, enmarcándola como un contratiempo normal en procesos complejos y asegurando que se abriría una nueva licitación en un plazo de tres meses. Sin embargo, para muchos analistas, esta postura minimizaba las fallas de fondo del proyecto.
El colapso de la MCC ha abierto una profunda grieta entre la visión del gobierno y la de los expertos técnicos y económicos.
El fracaso de la MCC no es un hecho aislado. Se inscribe en un contexto político y económico más amplio, marcado por la dificultad del gobierno para sacar adelante sus reformas estructurales. El rechazo de la reforma tributaria, como admitió el diputado Gonzalo Winter, limitó significativamente los recursos fiscales disponibles para fortalecer áreas como la salud. Este revés en Fonasa puede ser visto como un síntoma de una crisis mayor: la de un Estado que busca ampliar derechos sociales sin contar con el financiamiento ni, en ocasiones, con el diseño técnico adecuado para hacerlo sostenible.
Este episodio recuerda a otros proyectos gubernamentales, como la reforma al financiamiento de la educación superior (FES), que han sido criticados transversalmente por su diseño y que avanzan con parches que no resuelven las objeciones de fondo. La obstinación con una fórmula específica, a pesar de las advertencias, parece ser un patrón recurrente.
Oficialmente, el proyecto no está muerto. Fonasa tiene la facultad legal de llamar a una nueva licitación y, si esta también fracasa, podría recurrir a un trato directo. Sin embargo, la pregunta fundamental persiste: ¿tiene sentido insistir en un modelo que el mercado ya rechazó por inviable? ¿O es esta la oportunidad para repensar la estrategia y buscar caminos que fortalezcan el sistema de salud de manera integral y no a través de soluciones parciales y segregadoras?
El seguro que nunca fue ha dejado una lección clara: las buenas intenciones no bastan para construir políticas públicas efectivas. Sin un diseño técnico sólido, un financiamiento asegurado y un diálogo honesto con todos los actores, las grandes promesas corren el riesgo de quedar solo en eso: promesas.