La disputa por el futuro del salmón: un choque entre empleo y regulación ambiental
El escenario está montado y las tribunas no dejan de vibrar. La industria salmonera, uno de los motores económicos del sur de Chile, se ha convertido en un campo de batalla donde convergen intereses contrapuestos: el empleo masivo que genera y las crecientes exigencias ambientales que buscan frenar su expansión indiscriminada.
El 26 de mayo de 2023, cerca de 15 mil trabajadores salieron a las calles para defender sus fuentes laborales, en un momento de alta tensión por proyectos legislativos que amenazaban con limitar la actividad en áreas protegidas. En ese contexto, la entonces ministra del Trabajo, Jeannette Jara, fue objeto de críticas por parte de la candidata presidencial Evelyn Matthei, quien denunció públicamente que no escuchó a Jara alzar la voz en defensa de esos empleos.
Desde la vereda oficialista, se argumenta que la prioridad ha sido equilibrar la protección ambiental con el desarrollo sustentable, y que las medidas adoptadas buscan evitar daños irreversibles a ecosistemas frágiles, en línea con compromisos internacionales y demandas ciudadanas. Por su parte, sectores productivos y políticos de derecha insisten en que la paralización de proyectos y la rigidez de la Ley Lafkenche han generado un estancamiento económico que afecta no solo a las empresas, sino también a miles de familias dependientes del salmón.
La Ley Lafkenche, promulgada para proteger territorios ancestrales y ecosistemas marinos, ha sido señalada como un obstáculo para la inversión, dejando en pausa miles de millones de dólares en proyectos salmoneros. Esta tensión ha abierto un debate más amplio sobre el modelo de desarrollo regional, la participación de comunidades indígenas y la sostenibilidad a largo plazo.
En medio de la confrontación, Matthei ha puesto sobre la mesa la idea de declarar el 26 de mayo como el Día del Trabajador Salmonero, un gesto simbólico que busca visibilizar la importancia social y económica del sector. Además, ha destacado los modelos noruego y canadiense como ejemplos a seguir para un ordenamiento costero eficiente y responsable, resaltando el "Plan Salmón 2050" impulsado desde su sector político.
Pero no todos ven con buenos ojos estas referencias. Críticos advierten que copiar modelos extranjeros sin adaptar la realidad chilena puede profundizar desigualdades y marginar voces locales, especialmente de pueblos originarios que reclaman derechos sobre sus territorios.
Según un análisis del Centro de Estudios Pesqueros y Ambientales (CEPA), "la falta de diálogo inclusivo y la imposición de políticas sin consenso han exacerbado el conflicto, afectando la estabilidad social y ambiental de la región".
Este choque no es solo político ni económico: es una tragedia con víctimas visibles y silenciosas. Trabajadores que ven peligrar sus empleos, comunidades que sienten amenazados sus espacios ancestrales, y un ecosistema que sufre las consecuencias de una industria en disputa.
Al cierre de 2025, las heridas siguen abiertas y las soluciones parecen esquivas. La paradoja chilena del salmón —un producto estrella que impulsa la economía pero que también genera controversia— refleja un país que aún busca conciliar crecimiento con justicia social y ambiental.
La verdad ineludible es que ni la defensa acrítica del empleo ni la regulación estricta sin diálogo ofrecen respuestas completas. Lo que el país enfrenta es un desafío de gobernanza, donde la pluralidad de voces debe encontrar un terreno común para evitar que la tragedia continúe desplegándose, con todos sus protagonistas atrapados en la arena.
Solo con una mirada que integre las múltiples dimensiones —económica, social, ambiental y cultural— Chile podrá avanzar hacia un modelo salmonero que no solo produzca riqueza, sino que también respete la diversidad y el futuro de sus territorios.