Ley de multa por no votar y endurecimiento de requisitos para voto extranjero: un pulso político que redefine la participación electoral en Chile
En un escenario político marcado por la tensión y el desencuentro, el Congreso despachó en septiembre de 2025 una reforma electoral que ha abierto un nuevo capítulo en la historia democrática chilena. Se aprobó una ley que establece multas de hasta $103.897 para quienes no acudan a votar, junto con el aumento del período de residencia para que extranjeros puedan sufragar, de cinco a diez años. Este doble movimiento legislativo no solo modifica la regulación electoral, sino que también expone las fracturas internas del oficialismo y las distintas visiones sobre la participación ciudadana y la integración migratoria.
El pulso legislativo: ¿democracia obligatoria o coercitiva?
La iniciativa para imponer multas por no votar, aprobada con un amplio respaldo de 127 votos a favor, 7 en contra y 11 abstenciones, representa un giro hacia la obligatoriedad efectiva del sufragio en Chile. La diputada Joanna Pérez, autora de la moción original, reconoció que "valió la pena esperar" y destacó la importancia de los acuerdos, aunque advirtió que "nunca más debemos legislar a última hora". Sin embargo, la medida no estuvo exenta de críticas: sectores del oficialismo cuestionaron la imposición de sanciones económicas, mientras que la oposición celebró la concreción de una norma que, a su juicio, fortalecerá la legitimidad de los procesos electorales.
Desde Renovación Nacional, el presidente de la Cámara José Miguel Castro afirmó que la ley "da vida a la Constitución" y aseguró que las próximas autoridades electas contarán con un respaldo mayor. En contraste, voces dentro del oficialismo expresaron incomodidad por la forma y el fondo de la ley, evidenciando una tensión política que no se ha diluido con el paso del tiempo.
Voto extranjero: un endurecimiento con impacto social
La reforma también elevó los requisitos para que ciudadanos extranjeros puedan participar en elecciones nacionales. El período de residencia con continuidad pasó de cinco a diez años, además de limitar las ausencias a un máximo de 90 días anuales durante ese tiempo. Esta medida, aprobada con 142 votos a favor y cuatro abstenciones, ha sido interpretada como un intento de ordenar la participación política de los migrantes, pero también ha generado inquietudes en sectores que defienden una migración más inclusiva.
La diputada Pérez subrayó que "una migración ordenada, regular y segura es mucho más integral que solo el derecho a voto", enfatizando la necesidad de abordar la migración desde una perspectiva amplia y no solo electoral. Sin embargo, críticos advierten que la medida podría restringir la integración política de comunidades extranjeras que ya forman parte activa de la sociedad chilena.
Voces en pugna: el reflejo de un país dividido
El debate en torno a estas reformas ha evidenciado la complejidad del escenario político chileno. Por un lado, la oposición y parte del oficialismo valoran la ley como un avance necesario para fortalecer la democracia y garantizar una participación más responsable. Por otro, sectores del oficialismo se sienten desplazados por decisiones tomadas sin un diálogo previo adecuado, lo que alimenta la desconfianza y la fragmentación política.
El diputado socialista Marcos Ilabaca defendió el acuerdo como un cumplimiento de compromisos y una mejora para la institucionalidad electoral. En cambio, algunos diputados oficialistas manifestaron que la imposición de multas y el endurecimiento del voto extranjero no responden a un consenso social amplio y podrían generar efectos contraproducentes en la participación.
Constataciones y consecuencias
Este episodio legislativo es más que una simple reforma técnica: representa un momento definitorio en la relación entre ciudadanía, Estado y democracia en Chile. La implementación de multas por no votar introduce un elemento de coerción que puede aumentar la participación, pero también genera preguntas sobre la voluntariedad y el compromiso político genuino.
El endurecimiento de los requisitos para el voto extranjero revela las tensiones sociales y políticas en torno a la migración y la identidad nacional, reflejando una sociedad en búsqueda de equilibrio entre inclusión y control.
Finalmente, la fractura dentro del oficialismo y la dinámica de acuerdos tardíos evidencian los desafíos para la gobernabilidad y la representación política en un país que aún transita por procesos de consolidación democrática.
Este caso invita a mirar más allá de la inmediatez y a reflexionar sobre cómo las reformas electorales pueden moldear no solo el voto, sino también la confianza y la cohesión social en Chile.