
En un escenario donde el empresariado chileno observa con cautela las señales políticas de cara a las elecciones de 2025, Jeannette Jara, candidata oficialista y exministra del Trabajo, lanzó un mensaje claro y contundente: 'No se preocupen, en mi gobierno no les van a expropiar nada'. Este anuncio, hecho en el marco del Salmón Summit 2025 en Frutillar, busca disipar temores en un sector que ha vivido años de incertidumbre, especialmente en el ámbito de la acuicultura.
Pero la tranquilidad no es sinónimo de inmovilidad. Jara planteó una reforma estructural en la gestión de las concesiones acuícolas, proponiendo descentralizar la relocalización de estas concesiones para que las regiones tengan mayor autonomía y capacidad decisoria. La crítica es directa: mientras países como Canadá y Noruega han avanzado con modelos ágiles y regionalizados, Chile arrastra procesos que pueden extenderse hasta ocho años.
“Tenemos permisos de relocalización que se demoran largos años, hasta ocho, según me han informado (...) es urgente pasar del eslogan a medidas concretas”, afirmó la candidata, señalando que la solución pasa por traspasar competencias a los gobiernos regionales y constituir mesas acuícolas regionales que permitan un diálogo más efectivo y cercano a los territorios.
Esta propuesta, sin embargo, ha generado reacciones encontradas. Desde el mundo empresarial, algunos valoran el reconocimiento de la burocracia como un problema y la voluntad de diálogo, mientras que otros temen que la descentralización pueda aumentar la incertidumbre regulatoria y fragmentar las políticas nacionales.
En el espectro político, la postura de Jara se enfrenta a críticas tanto de sectores conservadores como de grupos más radicalizados. Por un lado, la derecha cuestiona la viabilidad de su plan y la supuesta ambigüedad en el manejo de la economía, recordando episodios pasados de tensiones con el empresariado. Por otro, sectores de izquierda más duros consideran que la candidata no va lo suficientemente lejos, especialmente en materia de reformas estructurales y justicia social.
Un aspecto clave en su discurso fue el rechazo explícito al concepto de “permisología”, término con el que se alude a la superposición y complejidad de permisos que ralentizan proyectos. Jara reconoció que el sistema actual es poco claro y poco eficiente, y prometió que su gobierno buscará simplificar y transparentar estos procesos, siempre bajo la premisa del diálogo social para evitar bloqueos y confrontaciones.
“En mi futuro gobierno, no vamos a hacer nada sin diálogo social. Lo que no puede pasar es quedar amarrados a posiciones que solo generan estancamiento”, enfatizó, en un llamado a construir consensos.
Finalmente, la candidata cerró su intervención reafirmando su compromiso con la estabilidad económica: “No hay nada más peligroso para un país que la gente no pueda llegar a fin de mes con su sueldo. Y por eso, repito, no habrá expropiaciones en mi gobierno”.
En síntesis, el desafío que enfrenta Jara es doble: por un lado, tranquilizar a un empresariado inquieto tras años de conflictos sociales y económicos, y por otro, responder a demandas ciudadanas y ambientales que exigen cambios profundos en la gestión de recursos y desarrollo regional.
Lo cierto es que el debate sobre la descentralización y la simplificación administrativa no solo es un tema técnico, sino un campo de batalla político y social donde se confrontan visiones distintas sobre el futuro del país. La evolución de esta propuesta y su recepción en distintos sectores será un indicador clave para entender los próximos movimientos en la arena política chilena.
Fuentes consultadas: BioBioChile (22/07/2025), análisis de expertos en políticas públicas regionales, entrevistas a representantes empresariales y académicos en desarrollo regional.
2025-11-05