
Ciudad de México enfrenta una crisis habitacional que ha dejado al descubierto la profunda tensión entre el derecho a la vivienda y la especulación inmobiliaria. Más de 20,000 hogares abandonan anualmente la capital por la imposibilidad de acceder a viviendas asequibles, según datos oficiales que revelan un fenómeno en expansión y con consecuencias sociales palpables.
La gentrificación, entendida como el proceso de renovación urbana que desplaza a las comunidades tradicionales en favor de sectores de mayor poder adquisitivo, ha ido ganando terreno en diversas alcaldías, no solo en las emblemáticas Roma o Condesa, sino también en zonas como Fuentes Brotantes o Iztapalapa. Eduardo Alanís, activista del Frente Anti Gentrificación CDMX, señala que "esta cuestión de la vivienda es una cuestión de desigualdad, producto del neoliberalismo que antepone la ganancia sobre la vida".
Este proceso no es nuevo. Desde los años treinta, la dinámica urbana ha estado marcada por la segregación y la búsqueda de rentabilidad en el suelo. La industrialización temprana propició la coexistencia incómoda entre clases sociales, y con el tiempo, las élites se desplazaron a suburbios dejando el centro para la clase trabajadora. Sin embargo, las políticas neoliberales de las últimas décadas han acelerado la mercantilización del espacio urbano.
Programas como "Échame una Manita" en los noventa o el controvertido "Bando 2" de 2001, que restringió la construcción en gran parte de la ciudad salvo en cuatro alcaldías centrales, mostraron una clara apuesta por la revalorización inmobiliaria, aunque con escasa atención a las necesidades sociales. Víctor Delgadillo, urbanista de la UNAM, critica que "estas políticas han impulsado la gentrificación extendida, donde la vivienda deja de ser un bien de uso para ser un activo financiero".
Las autoridades han intentado responder con reformas legales, como la limitación a 180 noches anuales para alquileres temporales mediante plataformas digitales o el reciente "Bando 1" de Clara Brugada, que propone 14 medidas para garantizar vivienda asequible. No obstante, la crítica es unánime entre expertos y activistas: estas iniciativas son insuficientes y muchas veces simbólicas.
Alanís denuncia que "hablan de colaborar con la iniciativa privada, pero son las inmobiliarias las que provocan este despojo. El 'Bando 1' parece una precuela del 'Bando 2'". Por su parte, Patricia Eugenia Olivera, geógrafa urbanista, enfatiza que las políticas deben considerar el perfil social y las demandas reales de los habitantes para ser efectivas.
Desde la academia, Claudia Villegas advierte que la gentrificación es una expresión compleja de la lucha de clases en el espacio urbano, donde el desplazamiento no solo es consecuencia sino también causa de nuevas tensiones sociales. Este círculo vicioso se traduce en fragmentación y pérdida de tejido social.
Las movilizaciones recientes, como la marcha del 20 de julio en Tlalpan, reflejan un creciente activismo ciudadano que busca defender el derecho a la ciudad y a la vivienda digna. Sin embargo, la protesta también ha enfrentado episodios de violencia y estigmatización, con daños en espacios como Ciudad Universitaria que se utilizan para deslegitimar las demandas sociales.
Los expertos coinciden en que, aunque el desarrollo urbano y la gentrificación son procesos inherentes al capitalismo, la clave está en fortalecer respuestas organizadas y políticas públicas que prioricen la equidad y la permanencia de las comunidades originarias.
La gentrificación en Ciudad de México es un fenómeno estructural que ha desplazado a miles de familias y transformado radicalmente el paisaje urbano. Las políticas públicas actuales han resultado insuficientes para frenar la mercantilización de la vivienda, que se ha convertido en un negocio para grandes empresas y fondos de inversión, dejando a la mayoría de la población fuera del mercado.
El activismo ciudadano emerge como un contrapeso necesario, aunque enfrenta desafíos importantes en un entorno político y económico que favorece la especulación. La disputa por la ciudad es también una disputa por la justicia social, el arraigo y el derecho a habitar.
Solo a través de un reconocimiento explícito de la ciudad como espacio en disputa y de políticas integrales que consideren las condiciones sociales podrá avanzarse hacia un modelo urbano más justo y sostenible.
Fuentes: WIRED en Español, entrevistas con especialistas de la UNAM y Rutgers, testimonios de activistas y análisis de políticas públicas de la Ciudad de México.
2025-10-27
2025-11-03