Crisis en el CEN: ¿pueden sus consejeros garantizar la seguridad eléctrica? : Un pulso entre responsabilidad institucional y acusaciones que erosionan la confianza

En julio de 2025, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) lanzó un golpe que sacudió los cimientos del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN). A las imputaciones iniciales por falta de información que impidió calcular compensaciones a usuarios tras los cortes masivos de 2023-2024, se sumó un cargo aún más grave: cuestionamientos a la veracidad de las restricciones operativas declaradas para las centrales Nehuenco I y II, operadas por Colbún, y la permisividad con que el CEN habría seguido remunerándolas, generando sobrepagos millonarios y evidenciando fallas de control interno.

Este escenario ha colocado a los consejeros del CEN en el centro de una tormenta institucional. El consejo directivo, encargado por ley de garantizar la seguridad, eficiencia y transparencia en la operación del sistema eléctrico, ahora debe defenderse ante dos expedientes sancionatorios con multas potenciales de hasta UTA 20.000 y posibles responsabilidades civiles personales.

Desde la óptica del Gobierno y expertos jurídicos, la doctrina política es clara: ante cargos formales por irregularidades graves, la autoridad cuestionada debería inhabilitarse temporalmente. En palabras de Rodrigo Castillo Murillo, abogado y socio de Táctica Abogados Consultores,“La confianza de los usuarios descansa en la certeza de que las decisiones del CEN se adoptan sin conflictos de interés ni autoprotección”. Sin embargo, los consejeros imputados continúan en sus cargos, generando un debate sobre la capacidad real del organismo para operar con la transparencia y seguridad que el país exige.

Desde el punto de vista político, las posturas se dividen. Algunos sectores de oposición exigen la renuncia inmediata de los consejeros implicados, argumentando que su permanencia pone en riesgo la estabilidad energética y la credibilidad institucional. En cambio, voces gubernamentales llaman a respetar el debido proceso y advierten sobre los riesgos de una salida precipitada que podría desestabilizar la operación técnica del sistema.

En regiones, donde los cortes prolongados dejaron cicatrices, la desconfianza se ha traducido en reclamos ciudadanos que exigen respuestas claras y un liderazgo que no se vea empañado por acusaciones. Organizaciones sociales y expertos en energía han coincidido en que la crisis del CEN no es solo un problema administrativo, sino un síntoma de una gobernanza débil que debe ser reformada para evitar futuras crisis.

Por su parte, los consejeros recién incorporados, Bernardita Espinoza y Carlos Finat, han quedado al margen de este conflicto directo, dado que no ejercían funciones durante los periodos cuestionados. Su rol podría ser clave para un eventual relevo que permita recomponer la confianza.

Tras meses de análisis y múltiples fuentes consultadas, queda claro que la crisis del CEN no se resuelve solo con sanciones individuales. La institución enfrenta un desafío estructural: cómo equilibrar la responsabilidad personal de sus directivos con la necesidad de mantener la continuidad operativa y la transparencia.

En definitiva, la lección que deja este episodio es doble. Primero, que la confianza en un sistema crítico como el eléctrico es frágil y debe cuidarse con rigurosidad. Segundo, que la solución no pasa por la simple remoción de actores, sino por una revisión profunda de los mecanismos de control y gobernanza que permitan evitar que la tragedia se repita. El pulso entre responsabilidad institucional y la erosión de la confianza ciudadana continúa, y el país observa atento cómo se jugará esta partida.