El debate sobre las indemnizaciones por años de servicio: una prisa con consecuencias inesperadas

Un conflicto que no se apaga

Desde mediados de 2025, el Congreso chileno ha sido escenario de un intenso debate sobre la reforma de las indemnizaciones por años de servicio (IAS), una materia que afecta directamente a cerca de un millón de trabajadores y a la dinámica del mercado laboral nacional. Este debate, lejos de ser un mero trámite legislativo, ha encendido las pasiones y evidenciado las profundas divisiones políticas y sociales que atraviesan al país.

El origen y la evolución del conflicto

La controversia se centra en la propuesta parlamentaria, principalmente impulsada por sectores del Partido Comunista y el Frente Amplio, que busca eliminar el tope actual de 11 años para el cálculo de indemnizaciones, extendiéndolo de forma retroactiva a contratos vigentes y futuros. Esta iniciativa, presentada en un contexto electoral marcado por la urgencia y la presión por mostrar resultados, ha sido calificada por expertos y economistas como un paso en la dirección equivocada.

"Las prisas pasan y las consecuencias quedan", advierte Cecilia Cifuentes, economista y directora del Centro de Estudios Financieros del ESE, Universidad de los Andes, en un análisis publicado en julio de 2025. Para ella, la reforma propuesta profundizaría los problemas actuales, aumentando el costo de despido —ya el más alto de la OCDE— y afectando negativamente la productividad y la empleabilidad.

Perspectivas enfrentadas: un choque de visiones

Desde la izquierda, la propuesta se defiende como una reivindicación justa para los trabajadores, ampliando una protección que consideran insuficiente y que ha quedado obsoleta ante las nuevas formas de empleo y la precarización laboral. Para estos sectores, la medida es un avance en derechos laborales, que corrige un sistema que favorece principalmente a empleadores.

"Eliminar el tope es una manera de reconocer años de trabajo que hoy quedan invisibilizados en la ley", argumenta una vocera del Frente Amplio, en diálogo con medios nacionales.

En contraposición, economistas, empresarios y parte del oficialismo advierten que la medida podría generar un efecto contrario al deseado. Al elevar los costos de despido, se incentiva la contratación temporal y la informalidad, mientras que la judicialización de las terminaciones laborales aumentaría, generando más conflictos y costos para ambas partes.

Además, el debate ha puesto en la mesa la cuestión de la inflación y el uso de la Unidad de Fomento (UF) en los contratos, con propuestas para eliminar su aplicación selectiva, lo que también genera preocupación por sus efectos en la estabilidad económica y en los jubilados.

Impacto regional y social

La discusión no se limita a las esferas políticas y económicas. En regiones con alta tasa de desempleo y precariedad laboral, la reforma ha generado incertidumbre entre trabajadores y empleadores. Organizaciones sindicales han manifestado su apoyo a la ampliación de indemnizaciones, mientras que cámaras de comercio regionales advierten sobre el riesgo de una menor inversión y pérdida de empleos.

Verdades y consecuencias que emergen del debate

Tras meses de análisis y confrontación de datos, algunas certezas comienzan a tomar forma:

- Chile mantiene el costo de despido más alto de la OCDE, lo que impacta en la empleabilidad y fomenta la rotación laboral.

- La normativa actual beneficia a un sector reducido de trabajadores formales, dejando fuera a gran parte del mercado laboral.

- La eliminación retroactiva del tope podría aumentar la judicialización y la informalidad, afectando especialmente a los más vulnerables.

- La inflación y la aplicación de la UF siguen siendo desafíos complejos que requieren soluciones integrales y no parches electorales.

En definitiva, el llamado de expertos y actores sociales es a avanzar con cautela y rigor, evitando que la prisa electoral lleve a decisiones que profundicen las desigualdades y dañen la estabilidad laboral y económica del país.

Este episodio revela, una vez más, la dificultad de legislar en un escenario polarizado y la necesidad de construir consensos informados que superen la lógica de corto plazo y populismos, para pensar en un mercado laboral chileno más justo, productivo y sostenible.