
Un escenario de tragedia y cuestionamientos se desplegó en el corazón de la Patagonia chilena. El pasado lunes 17 de noviembre, cinco turistas extranjeros perdieron la vida en el Macizo Paine, dentro del Parque Nacional Torres del Paine. La emergencia, que mantuvo en vilo a la región de Magallanes durante varios días, concluyó con la evacuación total de cuerpos, sobrevivientes y visitantes que aún transitaban por el llamado "circuito O".
El cierre de la emergencia fue anunciado oficialmente por el delegado presidencial de Magallanes, José Ruiz, tras la finalización de los operativos de rescate y atención médica en Puerto Natales. 'Damos por cerrada la emergencia', afirmó Ruiz, detallando que los lesionados recibieron atención hospitalaria y apoyo psicológico, y que se gestionó albergue para quienes carecían de alojamiento.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) defendió la actuación institucional, asegurando que la alerta se emitió oportunamente pese al aislamiento del lugar. 'El alertamiento fue conforme a la situación que todos conocemos por intermedio de un sistema SOS, directo desde el lugar de la afectación', explicó Juan Carlos Andrades, director regional de Senapred.
Sin embargo, la fiscalía regional de Magallanes abrió una investigación que apunta a posibles incumplimientos de deberes tanto del Estado como de las empresas concesionarias que operan en el parque. 'El Estado no puede dejar de prestar sus servicios', señaló el fiscal Cristian Crisosto en Radio Universo, enfatizando denuncias de escasez de personal profesional y posibles fallas en la supervisión de las concesiones.
Este cruce de responsabilidades expone una tensión histórica entre la administración estatal y los operadores privados, quienes gestionan servicios turísticos en una de las áreas naturales más visitadas y emblemáticas del país.
Torres del Paine es un símbolo nacional y un motor económico para la región, pero esta tragedia reabre un debate que trasciende la emergencia puntual. La presión turística, la infraestructura limitada y la gestión de riesgos en zonas remotas son temas que expertos y comunidades locales han señalado como pendientes.
Desde el sector turístico, algunos operadores lamentan que la tragedia afecte la imagen del parque, pero reconocen la necesidad de mejorar protocolos y recursos para emergencias. Por otro lado, organizaciones ambientalistas y sociales llaman a repensar un modelo que privilegia la masificación sin garantizar la seguridad ni la protección del entorno.
La tragedia en Torres del Paine desnuda una compleja red de responsabilidades y desafíos. La verificación de hechos confirma que la alerta se emitió en tiempo, pero que la capacidad de respuesta estuvo limitada por la geografía y la falta de recursos humanos y técnicos.
La investigación judicial será clave para esclarecer las fallas y definir responsabilidades, pero la discusión pública ya puso sobre la mesa la urgencia de revisar la gestión integral del parque, la regulación de concesionarias y la coordinación interinstitucional.
En definitiva, el episodio deja una lección dolorosa sobre los límites del turismo en territorios frágiles y la necesidad de un compromiso estatal y privado que priorice la vida y la seguridad por sobre cualquier interés económico.
Fuentes consultadas: Cooperativa.cl, declaraciones oficiales del Gobierno regional, entrevistas a autoridades de Senapred y Fiscalía Regional de Magallanes.