Estados Unidos expande ataques extrajudiciales en el Pacífico: un conflicto sin fronteras ni certezas

El escenario del Pacífico se ha sumado a la ya turbulenta campaña militar estadounidense contra supuestas embarcaciones vinculadas al narcotráfico. Desde septiembre de 2025, al menos ocho ataques extrajudiciales han sido reportados, con un saldo mínimo de 34 civiles muertos, incluyendo la más reciente operación en aguas del Pacífico, un giro que amplía el alcance y la complejidad del conflicto. Este cambio geográfico no es menor: despliega la sombra de un conflicto armado no internacional más allá del Caribe, involucrando nuevas rutas y actores.

En el centro de esta controversia está la justificación oficial: el gobierno estadounidense, bajo la administración de Donald Trump, sostiene que se trata de una guerra contra cárteles de droga, considerados enemigos armados, con el argumento de que el narcotráfico mata a decenas de miles de estadounidenses anualmente. 'Estas operaciones se realizan en aguas internacionales, dentro del área de responsabilidad del Comando Sur, y son parte de una estrategia para desmantelar rutas de narcotráfico', declaró el secretario de Defensa Pete Hegseth.

Sin embargo, la narrativa oficial se enfrenta a voces críticas que cuestionan la legalidad y la ética de estos ataques. Senadores de ambos partidos han expresado su rechazo a que se declare una guerra sin un enemigo estatal definido y a la utilización de una ley de los años 70 que autoriza estas acciones por períodos limitados, ahora ampliados sin consenso pleno. Además, la muerte de civiles inocentes, como los dos civiles abatidos en la última operación y la liberación posterior de uno de los sobrevivientes tras no encontrar cargos en su contra, añade una dimensión humana y jurídica que no puede ser soslayada.

Desde la perspectiva regional, países afectados como Colombia y Ecuador han manifestado preocupación por la soberanía y el respeto a los derechos humanos. 'Estas acciones unilaterales ponen en riesgo la estabilidad y la cooperación regional', señaló un representante diplomático ecuatoriano, reflejando un sentir común en la zona.

Por otro lado, el despliegue militar masivo en la región, que incluye submarinos nucleares y decenas de miles de tropas, ha generado inquietud en la opinión pública y en sectores políticos que temen una escalada militar que trascienda la lucha contra el narcotráfico.

Este conflicto en curso sigue siendo un terreno ambiguo donde convergen la seguridad nacional estadounidense, la soberanía regional y los derechos humanos. A casi dos meses desde el inicio de estas operaciones, la ausencia de un marco legal claro y la persistencia de víctimas civiles revelan una guerra irregular que desafía las convenciones internacionales y la estabilidad en América Latina.

En definitiva, los hechos muestran una expansión sin precedentes de la estrategia militar estadounidense, pero también evidencian las tensiones y contradicciones que genera. La certeza que queda es que, en esta batalla sin tregua, quienes sufren son los civiles atrapados en medio de decisiones políticas y militares que aún carecen de un consenso amplio y transparente.