
Un nuevo capítulo en la compleja relación entre Estados Unidos y Venezuela se ha abierto con la decisión anunciada por Washington de declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera. El Departamento de Estado oficializó esta medida el 17 de noviembre de 2025, con vigencia a partir del 24 de noviembre. Esta banda criminal, vinculada al régimen de Nicolás Maduro, ha sido señalada por su responsabilidad en actos de violencia terrorista y narcotráfico que afectan a todo el hemisferio, especialmente a Estados Unidos y Europa.
El anuncio no es un hecho aislado, sino la culminación de meses de tensiones crecientes. Desde mediados de 2025, se han registrado ataques a embarcaciones en aguas del Caribe, atribuidos a esta organización, que ya han dejado más de 70 muertos. Washington sostiene que Maduro y su entorno han corrompido las instituciones venezolanas —Fuerzas Armadas, inteligencia, poder legislativo y judicial— para proteger y dirigir al Cártel.
“Han corrompido las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia, el poder legislativo y el poder judicial de Venezuela”, afirmó el Departamento de Estado, reforzando la narrativa de un régimen que no solo tolera, sino que administra el narcoterrorismo. Por su parte, el presidente Donald Trump ha abierto la puerta a posibles conversaciones con Maduro, aunque sin comprometerse a acciones concretas contra sus activos, a pesar de la nueva clasificación del Cártel.
Desde la perspectiva política, esta decisión ha generado reacciones encontradas. Sectores opositores venezolanos y algunos gobiernos aliados de EE.UU. en la región ven en la medida un paso necesario para combatir la criminalidad transnacional y la impunidad del régimen chavista. Sin embargo, voces críticas advierten que esta escalada podría profundizar la crisis humanitaria y aislar aún más a Venezuela, dificultando soluciones diplomáticas.
En Chile y otros países de América Latina, la medida ha sido observada con cautela. La región enfrenta desafíos similares con el narcotráfico y la violencia organizada, y la acción estadounidense reaviva el debate sobre la eficacia y consecuencias de la llamada "guerra contra las drogas". Algunos analistas señalan que la etiqueta de "terrorismo" puede abrir caminos para intervenciones más agresivas, mientras que otros destacan la necesidad de un enfoque integral que incluya desarrollo social y fortalecimiento institucional.
Además, la medida impacta en la seguridad marítima del Caribe, un corredor clave para el tránsito de drogas y personas. Los ataques a narcolanchas y la militarización de zonas estratégicas han aumentado la tensión en el mar, afectando a países vecinos y a la navegación comercial. El despliegue de buques y patrullajes conjuntos con Estados Unidos es un reflejo de esta nueva realidad.
En conclusión, la declaración del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera por parte de Estados Unidos representa un punto de inflexión en la política hemisférica. La medida confirma la consolidación del vínculo entre el régimen de Maduro y el narcoterrorismo, mientras que abre un escenario de mayor confrontación y riesgo para la estabilidad regional. La comunidad internacional enfrenta ahora el desafío de equilibrar la presión contra las organizaciones criminales con la búsqueda de soluciones políticas y humanitarias para Venezuela y sus vecinos.
Este episodio revela, una vez más, las complejidades de un conflicto que no solo es geopolítico, sino profundamente social y económico, con consecuencias que seguirán desplegándose en los próximos meses.