México intensifica la lucha contra el crimen: ¿un cambio real o un nuevo capítulo en la violencia?

En los últimos meses, México ha vivido un giro notable en su política de seguridad, marcado por una escalada de operativos policiales y militares que han resultado en decomisos millonarios y detenciones emblemáticas. Desde julio de 2025, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha implementado una estrategia enfocada en la inteligencia policial para enfrentar el crimen organizado, especialmente la extorsión y el robo de combustible, conocidos localmente como huachicol.

Este cambio representa un distanciamiento claro de la política de "abrazos, no balazos" de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, y se ha traducido en resultados tangibles, aunque no exentos de críticas y tensiones internas. Armando Vargas, analista político, señala que "algunos sectores del partido oficialista no están completamente satisfechos con esta ruptura con el legado de López Obrador".

La estrategia de Sheinbaum se apoya en figuras clave como el Secretario de Seguridad Omar García Harfuch, quien ha ganado popularidad por su enfoque técnico y firme contra las redes delictivas. Harfuch, sobreviviente de un atentado en 2021, ha fortalecido la colaboración con agencias de seguridad estadounidenses, un aspecto fundamental en la lucha contra el tráfico de armas y drogas.

Desde una perspectiva regional, esta ofensiva ha generado un impacto significativo en la dinámica del crimen organizado, que se encuentra fragmentado tras la caída de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa. Laura Atuesta, investigadora en políticas de drogas, destaca que "la diversificación y multiplicación de grupos criminales exige una estrategia integral que ataque sus estructuras económicas y financieras".

Sin embargo, no todo es consenso. Las preocupaciones sobre la posible colaboración entre autoridades y grupos delictivos persisten, alimentadas por recientes acuerdos judiciales controvertidos, como el alcanzado con Ovidio Guzmán, hijo de 'El Chapo'. Vargas advierte que "estos pactos pueden implicar la entrega de información privilegiada sobre gobernanza criminal" y recuerdan la sombra del narcogobierno que ha marcado a México.

Más allá de la política interna, la cooperación con Estados Unidos ha sido un motor decisivo para esta nueva fase. Presiones y amenazas comerciales del gobierno estadounidense han incentivado a las autoridades mexicanas a intensificar su combate contra el narcotráfico y la extorsión. No obstante, expertos como Sergio Aguayo resaltan que la verdadera batalla está en atacar la economía ilícita y el lavado de dinero, tareas en las que la influencia del Departamento del Tesoro estadounidense resulta crucial.

En el coliseo político, Sheinbaum juega una partida doble: busca legitimar su gestión con resultados visibles en seguridad mientras navega las aguas turbulentas de su propio partido y la opinión pública, que demanda soluciones efectivas a una violencia que se siente como una guerra cotidiana.

Con un promedio de 65 homicidios diarios y millones de víctimas de delitos asociados, la urgencia es innegable.

Las verdades que emergen de este proceso son claras: la estrategia de seguridad ha logrado avances medibles y ha cambiado el tono de la política pública en México. Sin embargo, las tensiones políticas internas, la complejidad de las redes criminales y la dependencia de la cooperación internacional plantean interrogantes sobre la sostenibilidad y profundidad de estos cambios.

La historia está en desarrollo, pero lo que se puede concluir es que México ha entrado en una nueva etapa de su lucha contra el crimen, donde la combinación de fuerza, inteligencia y política se entrecruza en una trama que seguirá definiendo su futuro inmediato.