El debate sobre eliminar la UF: un riesgo palpable para la economía y la vida cotidiana
Hace meses que el proyecto de ley que busca limitar o eliminar el uso de la Unidad de Fomento (UF) en ciertos contratos se ha transformado en un campo de batalla económico y social. A más de cuatro meses de que la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobara la iniciativa, y tras el pronunciamiento oficial del Banco Central, las implicancias de esta reforma no sólo se discuten en los pasillos del Congreso, sino que ya comienzan a reflejarse en las decisiones de actores clave del mercado y la ciudadanía.
El 18 de julio de 2025, el Banco Central emitió una minuta que advierte sobre los riesgos de eliminar la UF, señalando que esta medida podría aumentar el costo del financiamiento para la vivienda y generar incentivos para que proveedores de servicios esenciales eleven sus precios para protegerse de la inflación.
Un instrumento histórico bajo la lupa
La UF fue creada en 1967 durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva con el propósito de proteger los ahorros y créditos del impacto de la inflación, un problema crónico en la economía chilena de entonces. Desde entonces, ha sido un pilar para la estabilidad financiera, facilitando el desarrollo de mercados de bonos, el ahorro y el acceso a créditos hipotecarios de largo plazo.
El Banco Central destaca que la UF reduce el riesgo inflacionario para prestamistas y ahorrantes, lo que a su vez incentiva la inversión y el crecimiento económico. Limitar su uso implicaría asumir este riesgo, con consecuencias que no se limitan al papel, sino que impactan directamente en las condiciones de crédito y precios.
Voces enfrentadas: entre la protección del consumidor y la estabilidad financiera
Por un lado, sectores políticos y sociales que impulsan la reforma argumentan que la UF favorece la especulación y dificulta la transparencia en contratos, especialmente en áreas como arriendos, educación y salud. Desde esta perspectiva, eliminarla o limitarla sería un avance para proteger a los consumidores de reajustes automáticos y excesivos.
“La eliminación de la UF es una medida necesaria para democratizar el acceso a servicios básicos y evitar que los precios escalen sin control bajo el amparo de un índice técnico,” afirma una diputada de oposición.
Sin embargo, la respuesta del Banco Central y de expertos económicos no ha tardado en llegar. El ente rector advierte que la eliminación podría generar incertidumbre contractual y costos operativos elevados, afectando tanto al sector público como privado. Además, la banca podría enfrentar un desajuste en su estructura de fondeo, lo que se traduciría en tasas de interés más altas y un acceso más restringido al crédito.
“La UF es un instrumento que protege a ambas partes en un contrato, y su eliminación podría encarecer el financiamiento hipotecario, dificultando aún más el acceso a la vivienda,” explica un economista del Banco Central.
Consecuencias visibles: el costo del financiamiento y el impacto en los servicios
Los datos son contundentes. En 2024, los créditos hipotecarios en UF tenían una tasa real anual del 4,8% a 25 años, con un dividendo promedio de $665 mil. En contraste, los créditos en pesos alcanzaron tasas nominales del 8,2% a plazos más cortos, con dividendos que superan el millón de pesos mensuales. Esto implica que eliminar la UF podría encarecer sustancialmente el acceso a la vivienda, aumentando el ingreso mínimo requerido para obtener un crédito.
En sectores como los arriendos, educación y salud, limitar la UF podría incentivar a los oferentes a subir precios para protegerse de la inflación, trasladando el costo al consumidor final. La falta de un mecanismo claro y eficiente para reajustar precios podría generar además mayor incertidumbre y complejidad contractual.
Más allá de la economía: un debate con implicancias sociales profundas
Este enfrentamiento no es solo técnico ni financiero. Se trata de un choque entre visiones sobre cómo proteger a la ciudadanía y cómo mantener la estabilidad económica. Mientras algunos ven en la UF un mecanismo que perpetúa desigualdades y opacidad, otros la consideran un baluarte contra la volatilidad y la inseguridad jurídica.
La tensión se siente también en la calle, donde familias y pequeños empresarios observan con preocupación cómo los cambios en la regulación podrían afectar sus bolsillos y su futuro.
Constataciones finales
La eliminación o limitación de la UF no es un cambio menor ni un simple ajuste técnico. La evidencia disponible muestra que esta medida podría aumentar el costo del financiamiento, especialmente para la vivienda, y generar presiones inflacionarias en servicios básicos. Además, la incertidumbre contractual y los costos operativos asociados podrían desacelerar la inversión y el ahorro, afectando el crecimiento económico.
Por otro lado, el debate pone en evidencia la necesidad de revisar y modernizar instrumentos financieros históricos para adaptarlos a las demandas sociales actuales, sin perder de vista la estabilidad macroeconómica.
En definitiva, la discusión sobre la UF es un espejo donde se reflejan las tensiones entre protección social, eficiencia económica y confianza en las instituciones. La forma en que se resuelva este conflicto marcará no solo el rumbo de la política económica, sino también el bienestar cotidiano de millones de chilenos.
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Fuentes: Minuta del Banco Central (julio 2025), declaraciones parlamentarias, análisis económicos especializados.