La pugna por el secreto bancario: ¿Un freno al combate del crimen organizado en Chile?: Un debate que expone tensiones entre privacidad y eficacia policial
En el epicentro de la lucha contra el crimen organizado en Chile se libra una batalla menos visible pero crucial: la posibilidad de levantar el secreto bancario sin autorización judicial previa. Desde inicios de octubre de 2025, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados analiza el proyecto de ley de Inteligencia Económica, cuyo objetivo es fortalecer las herramientas estatales para enfrentar delitos complejos como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Sin embargo, la discusión se ha estancado en torno a un punto neurálgico: si la Unidad de Análisis Financiero (UAF) debe poder acceder directamente a la información bancaria de sospechosos sin tener que pedir permiso a un juez, o si esa facultad atentaría contra la privacidad y derechos fundamentales de las personas.
Un sistema en evolución y las voces enfrentadas
Actualmente, la UAF puede solicitar el levantamiento del secreto bancario, pero debe hacerlo con autorización judicial, un proceso que suele tardar semanas. Según Carlos Pavez, director de la UAF, esta demora es un obstáculo grave en un escenario donde las organizaciones criminales se sofisticaron y multiplicaron sus operaciones. “Sin el secreto bancario estaremos mucho más atados de manos para la detección del crimen organizado”, advierte, alertando que la brecha entre las herramientas de los delincuentes y las del Estado se amplía peligrosamente.
Por otro lado, la oposición política ha expresado su rechazo a modificar este mecanismo, argumentando que la privacidad y la protección de datos personales deben primar, y que el sistema actual no representa un impedimento insalvable para las investigaciones. “La privacidad es un derecho fundamental y no podemos cederla sin garantías claras y estrictas”, sostienen algunos parlamentarios, preocupados por un posible abuso de poder o filtraciones de información sensible.
Ajustes y concesiones para un equilibrio delicado
El proyecto ha incorporado indicaciones para restringir el levantamiento del secreto bancario exclusivamente a la UAF y solo en tres situaciones específicas: cuando un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) proviene de un banco, cuando la persona investigada es una entidad jurídica o cuando se trata de un funcionario público. Esta acotación busca responder a las críticas y proteger la privacidad en casos no relacionados con crimen organizado.
Además, se han fortalecido las sanciones para los funcionarios que hagan mal uso de la información, extendiéndolas también a las nuevas unidades de inteligencia creadas dentro del Servicio de Impuestos Internos (SII) y del Servicio Nacional de Aduanas.
Consecuencias visibles y tensiones latentes
La demora en levantar el secreto bancario no es un mero trámite burocrático: puede significar semanas en que las organizaciones criminales continúan operando impunemente, moviendo dinero y ocultando evidencias. Pavez ejemplifica que, en investigaciones complejas, deben solicitarse múltiples autorizaciones para cada involucrado, lo que ralentiza la acción estatal y reduce la eficacia de la persecución penal.
“Podemos seguir operando, pero será en un ámbito mucho más acotado con las facultades que tenemos”, admite el director de la UAF, quien insiste en que la herramienta del levantamiento administrativo del secreto bancario es indispensable para entregar información oportuna y relevante al Ministerio Público.
Perspectivas ciudadanas y el debate público
Desde la sociedad civil, la opinión está dividida. Algunos sectores enfatizan la necesidad de blindar la privacidad y evitar que la ampliación de facultades derive en atropellos o persecuciones arbitrarias. Otros, especialmente víctimas y expertos en seguridad, reclaman que la ley debe adaptarse a la realidad del crimen organizado, que no respeta fronteras ni tiempos judiciales, y que exige respuestas ágiles y contundentes.
Verdad y consecuencias
La discusión sobre el secreto bancario en Chile no es solo un choque entre privacidad y seguridad, sino un reflejo de la complejidad del Estado moderno frente a amenazas transnacionales y sofisticadas. La evidencia confirma que la lucha contra el crimen organizado requiere herramientas técnicas, rápidas y eficaces, pero también mecanismos transparentes y controles que eviten abusos.
Si la reforma no avanza, el Estado corre el riesgo de quedarse rezagado en una batalla donde la opacidad y la velocidad son armas de los criminales. En cambio, si se aprueba sin salvaguardas, podría erosionar derechos fundamentales, alimentando desconfianza y posibles conflictos sociales.
El desafío está en encontrar un equilibrio que permita a la UAF y demás organismos actuar con prontitud y eficacia, respetando al mismo tiempo las garantías constitucionales. En este coliseo, las decisiones que se tomen definirán no solo la capacidad del Estado para combatir el crimen organizado, sino también la calidad democrática y el respeto a la privacidad en Chile.
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Fuentes consultadas incluyen declaraciones oficiales de Carlos Pavez (UAF), informes legislativos de la Comisión de Seguridad Ciudadana, y análisis de expertos en derecho y seguridad pública publicados en medios como La Tercera y Cooperativa.