
Desde mediados de 2025, la elaboración del Presupuesto Nacional para 2026 ha sido escenario de un verdadero choque de titanes, donde economistas consagrados y nuevos especialistas se enfrentan en un escenario que va más allá de simples números. El Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) convocaron a 22 expertos para integrar el comité consultivo del PIB no minero tendencial y a 21 para el comité del precio referencial del cobre, parámetros esenciales para calcular el espacio fiscal. De estos, 20 debutaban en estas instancias, marcando una renovación que busca incorporar perspectivas frescas y técnicas más robustas, pero que también ha desatado debates sobre continuidad y confianza en las metodologías usadas.
Los protagonistas de este coliseo económico vienen de diversos ámbitos: desde académicos con trayectoria en universidades como la UNAB, UAI, UDP y USS, hasta economistas con experiencia en el Banco Central, organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial, y figuras del mercado financiero local y regional. Entre ellos destacan Andrés Sansone, economista jefe de Banco Santander y ex coordinador macroeconómico de Hacienda; Macarena García, de Libertad y Desarrollo; y Vivian Norambuena, del Banco Mundial.
Este mosaico de voces refleja la complejidad de un Chile que se debate entre la necesidad de estabilidad fiscal y la presión social por mayores inversiones públicas en educación, salud y seguridad. La cumbre de economistas realizada en octubre en la Universidad de los Andes, donde la directora de Dipres, Javiera Martínez, presentó las proyecciones fiscales, evidenció esta tensión. Mientras algunos expertos valoran la transparencia y el diálogo abierto para mejorar las estimaciones, otros advierten sobre riesgos no contemplados y la volatilidad inherente a las variables económicas, especialmente en un contexto global incierto.
Las perspectivas políticas no se hicieron esperar: sectores de oposición cuestionan la prudencia del gasto y la dependencia de ingresos tributarios que han mostrado menor elasticidad respecto al crecimiento económico. Por su parte, el oficialismo defiende un presupuesto que busca equilibrar responsabilidad fiscal con demandas sociales históricas.
Desde regiones, voces del mundo productivo y social enfatizan la necesidad de que el Presupuesto incorpore una mirada territorial que permita superar las brechas y avanzar hacia un desarrollo más inclusivo, algo que los comités consultivos intentan reflejar incorporando expertos con experiencia en políticas públicas y minería, como Reinaldo Salazar de Sonami.
¿Qué se puede concluir de este enfrentamiento?
- La renovación en los comités refleja un intento genuino por modernizar y transparentar la elaboración del Presupuesto, aunque no exenta de debates y desafíos metodológicos.
- La pluralidad de voces, desde el mercado hasta la academia y organismos internacionales, enriquece el debate pero también complejiza la construcción de consensos.
- La tensión entre la necesidad de estabilidad fiscal y las demandas sociales sigue siendo el principal desafío para el diseño del gasto público.
En definitiva, el Presupuesto 2026 se construye en un escenario donde la incertidumbre económica global y las presiones internas conviven en un delicado equilibrio. Los economistas, en su rol de árbitros y actores, muestran que detrás de cada cifra hay una batalla de ideas y visiones sobre el futuro del país, en la que el ciudadano común es el espectador obligado a entender el drama para anticipar sus consecuencias.
2025-10-07
2025-10-08
2025-10-09
2025-10-09
2025-10-09