El respaldo de EE.UU. a Argentina en la disputa por YPF: un pulso que redefine la soberanía energética

El pulso judicial que enfrenta a Argentina con fondos de inversión internacionales por la nacionalización de YPF ha dado un giro inesperado con el respaldo explícito del gobierno de Estados Unidos. El 17 de julio de 2025, el Departamento de Justicia estadounidense presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones de Nueva York en apoyo a la posición argentina. Esta acción busca frenar la orden de un tribunal que obliga a transferir el 51% de las acciones estatales de YPF a fondos litigantes, una medida que podría significar una privatización forzada de la petrolera estatal.

Desde la nacionalización parcial de YPF en 2012, cuando el Estado argentino recuperó el control mayoritario de la compañía, la disputa legal ha escalado hasta convertirse en la mayor amenaza jurídica para el país. En 2023, la jueza Loretta Preska ordenó a Argentina pagar 16.000 millones de dólares a los fondos Burford y Eton Capital, que adquirieron derechos de litigio de un grupo empresario en quiebra. La decisión fue suspendida temporalmente tras la apelación argentina y ahora cuenta con el respaldo de Washington, que advierte sobre riesgos de violar la inmunidad soberana y sentar precedentes para futuras demandas contra empresas y activos estadounidenses.

Las voces enfrentadas delinean un escenario complejo:
- Desde el gobierno argentino, encabezado por la administración Milei, se destaca la imposibilidad material y política de cumplir con la orden judicial. “No contamos con los recursos para pagar esta cifra que se acerca a un rescate financiero internacional, y la transferencia de acciones requiere autorización legislativa”, explican fuentes oficiales.
- Por otro lado, los fondos demandantes argumentan que la expropiación violó los estatutos de YPF y los derechos de los accionistas minoritarios, reclamando una compensación justa.
- Expertos en derecho internacional y economía advierten sobre el impacto que puede tener esta disputa en la confianza de inversores y en la autonomía estatal para gestionar recursos estratégicos.

A nivel regional, el caso genera inquietud: países latinoamericanos observan con atención cómo se define el límite entre soberanía y cumplimiento de compromisos internacionales, en un contexto donde la intervención estadounidense añade una dimensión geopolítica inevitable.

Tras meses de incertidumbre, la suspensión temporal de la orden judicial y el apoyo de EE.UU. abren una ventana para la negociación y la búsqueda de soluciones que eviten una crisis mayor. Sin embargo, la tensión entre preservar la soberanía energética y responder a demandas financieras internacionales permanece como un desafío central.

En definitiva, este episodio pone en evidencia las complejidades inherentes a la gestión de recursos estratégicos en un mundo globalizado y la fragilidad de las fronteras entre política, justicia y economía. La disputa por YPF no es solo un conflicto legal, sino una tragedia en desarrollo donde los actores luchan por definir el futuro de un símbolo nacional bajo la mirada expectante de la región y el planeta.