
Un final esperado con ecos de debate
El 31 de agosto de 2025 concluyó la restricción vehicular en la Región Metropolitana de Santiago, una medida que desde el 1 de mayo buscó mitigar los niveles de contaminación ambiental en la capital chilena. Durante estos cuatro meses, se limitó la circulación de vehículos según el último dígito de su patente, afectando a autos y motos, tanto con y sin sello verde, en un horario de 7:30 a 21:00 horas, de lunes a viernes, excluyendo festivos, en toda la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto.
La fiscalización estuvo a cargo de Carabineros, junto a inspectores municipales y el Ministerio de Transportes, apoyados por cámaras de televigilancia distribuidas estratégicamente. Las multas por incumplimiento oscilaron entre 1 y 1,5 UTM, equivalentes a aproximadamente $67.000 a $100.000.
Perspectivas oficiales y de expertos
Desde el Ministerio del Medio Ambiente y Transporte se destacó que la medida formó parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC), apuntando a reducir emisiones contaminantes y promover la renovación del parque vehicular. El subsecretario de Transporte Jorge Daza señaló que "la restricción es una herramienta importante para mejorar la calidad del aire, pero debe complementarse con políticas de largo plazo".
Sin embargo, estudios preliminares publicados tras el término del periodo muestran resultados mixtos. Expertos en medio ambiente y movilidad urbana advierten que si bien hubo una reducción temporal en partículas PM2.5 en días críticos, "la disminución no fue suficiente para cumplir con los estándares internacionales de calidad del aire", y que la medida por sí sola no aborda causas estructurales como el aumento del parque automotor y la falta de transporte público eficiente.
Voces ciudadanas y sociales
Entre la población, la experiencia fue disonante. Para muchos, especialmente en sectores periféricos y trabajadores dependientes del transporte particular, la restricción significó una dificultad económica y logística. Un conductor de taxi colectivo en Puente Alto comentó: "Esta medida golpeó a los que vivimos del día a día. No todos podemos cambiar de auto o dejar de trabajar".
En cambio, usuarios del transporte público valoraron la menor congestión en ciertos horarios, aunque reclamaron que la oferta no fue suficiente para absorber la demanda.
Debates políticos y sociales
La restricción vehicular también abrió un espacio para discusiones políticas sobre su alcance y justicia. Algunos sectores de oposición y expertos en políticas públicas cuestionaron la medida como un parche temporal que no ataca las raíces del problema ambiental ni social.
La diputada María Pérez (independiente) expresó: "La restricción vehicular es un alivio momentáneo, pero sin inversión real en transporte público y políticas urbanas inclusivas, seguiremos condenados a la contaminación y la desigualdad".
Por otro lado, representantes del oficialismo destacaron la medida como un paso necesario dentro de una agenda ambiental más amplia, que incluye la promoción de vehículos eléctricos y la modernización del transporte público.
Contexto y consecuencias visibles
Este ciclo de restricción vehicular en Santiago se inserta en un contexto regional donde la calidad del aire ha sido un desafío crónico, agravado por factores climáticos, crecimiento urbano y aumento del parque automotor.
La medida 2025 fue la continuación de políticas similares implementadas en años anteriores, pero con ajustes en cobertura territorial y criterios técnicos. Su término coincide con la llegada de la primavera, cuando las condiciones atmosféricas mejoran naturalmente.
A nivel social, la experiencia dejó en evidencia la necesidad de equilibrar medidas ambientales con equidad social y movilidad accesible.
Verdades y aprendizajes
La restricción vehicular 2025 confirma que las soluciones rápidas y temporales pueden ofrecer alivios parciales, pero no sustituyen una transformación profunda del sistema de movilidad urbana y políticas ambientales integrales.
La pluralidad de voces —desde autoridades, expertos, hasta ciudadanos afectados— revela la complejidad del desafío: un problema ambiental que se entrelaza con la economía, la justicia social y la planificación urbana.
En definitiva, el fin de la restricción vehicular abre el telón para un debate más amplio y urgente sobre cómo Santiago y Chile enfrentan el futuro de su aire, la movilidad y la calidad de vida de sus habitantes.
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Fuentes consultadas incluyen reportes oficiales del Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Transportes, análisis de académicos de la Universidad de Chile y la Universidad Católica, y testimonios recogidos en terreno durante el periodo de restricción.
Este balance invita a la ciudadanía a reflexionar sobre el costo y beneficio de medidas inmediatas y la urgencia de políticas de largo plazo que conjuguen sostenibilidad, justicia y desarrollo.