
Chile dio un paso relevante en la modernización de su entramado regulatorio con la aprobación definitiva de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), un proyecto que busca enfrentar la histórica "permisología" que ha lastrado la inversión y el desarrollo productivo.
Desde su ingreso al Congreso a comienzos de 2024 y tras más de un año y medio de debate, el proyecto fue despachado definitivamente en julio de 2025, con apoyo transversal, pero también con reparos que no han desaparecido.
La LMAS introduce un nuevo sistema para tramitar autorizaciones sectoriales, que incluyen más de 380 permisos distribuidos en 37 servicios públicos y 16 ministerios. Entre sus avances más destacados está la reducción estimada de los plazos de tramitación entre un 30% y un 70%, dependiendo de la envergadura del proyecto, gracias a la implementación de procedimientos paralelos y la digitalización a través del Sistema Unificado de Permisos Sectoriales (SUPER).
El proyecto establece plazos máximos para resolver autorizaciones sectoriales, que van desde 25 hasta 120 días, y mecanismos para sancionar a funcionarios que incumplan esos plazos.
Un elemento innovador es la introducción de las Técnicas Habilitantes Alternativas (THA), que permiten a proyectos de bajo riesgo operar mediante avisos o declaraciones juradas, en lugar de permisos formales, reduciendo así cargas regulatorias innecesarias.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, ha defendido la ley como un avance que "agiliza sin sacrificar estándares ambientales ni sociales" y que aporta "transparencia y certeza jurídica" al proceso. Por su parte, el Presidente Gabriel Boric ha enfatizado que esta reforma representa un paso para equilibrar desarrollo y protección, priorizando proyectos estratégicos para zonas rezagadas.
Sin embargo, sectores ambientalistas y parlamentarios de oposición han manifestado preocupación por la posible "desregulación sistémica" que podría derivar en un debilitamiento de los controles ambientales y sociales. El senador Alfonso de Urresti alertó que "bajo el noble pretexto de agilizar trámites, se están aprobando medidas que pueden tener efectos negativos a mediano y largo plazo".
Expertos coinciden en que, aunque la LMAS es un avance, no resuelve por sí sola la compleja problemática de la permisología. La integración efectiva de permisos sectoriales con los ambientales, la modernización del Consejo de Monumentos Nacionales y la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) son tareas pendientes que condicionan el éxito del nuevo marco.
El académico Eduardo Bitran señala que "la ley alinea el sistema con buenas prácticas internacionales, pero la exclusión de permisos ambientales sectoriales limita su alcance".
Además, voces técnicas recomiendan fortalecer la Oficina de Autorizaciones Sectoriales con herramientas para iniciar procesos administrativos ante retrasos sistemáticos, asignar recursos mediante convenios y transparentar la gestión mediante portales públicos, para evitar que la burocracia se traslade sin solución al nuevo sistema.
La ley ha logrado reducir la incertidumbre y mejorar la eficiencia en la tramitación de permisos, generando un entorno más competitivo para la inversión en Chile. No obstante, la experiencia internacional y nacional advierte que la transformación cultural y administrativa será gradual y requerirá ajustes en marcha.
El debate ha puesto en escena la tensión inherente entre acelerar el desarrollo económico y mantener altos estándares de protección ambiental y social, un equilibrio que seguirá siendo objeto de disputa política y técnica.
Chile se encuentra ahora en la encrucijada de consolidar estos cambios con reformas complementarias y una gestión pública eficaz que evite que la permisología reaparezca bajo nuevas formas.
En definitiva, la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales representa un avance necesario y valioso, pero no el punto final de una historia que sigue escribiéndose en el pulso entre crecimiento y sustentabilidad.
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Fuentes consultadas incluyen análisis y reportajes de Diario Financiero, Cooperativa.cl, El Morrocotudo.cl y expertos en derecho administrativo y políticas públicas.