Prisión preventiva para exfuncionarios de la FACh por tráfico de ketamina: Un caso que desnuda grietas institucionales y debates sociales
En enero de 2025, la Fiscalía comenzó a investigar a un grupo de cinco exfuncionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) por su presunta participación en el tráfico ilícito de ketamina, droga que habría sido trasladada en vuelos institucionales. El 15 de julio, el Juzgado de Garantía de Iquique decretó prisión preventiva para los imputados, tras una audiencia que se extendió por más de seis horas. Esta medida cautelar fue solicitada por la Fiscalía, que acusa a los exuniformados de tráfico ilícito de drogas y asociación ilícita, calificándolos incluso como una “pandilla” dedicada a estos ilícitos.
El caso se sustenta en al menos tres vuelos realizados en enero, mayo y julio de este año, en los cuales se transportaron sustancias ilícitas. En el último de estos viajes, se detectó el intento de traslado de cuatro kilogramos de ketamina, descubiertos por personal de Aduanas en el norte del país. Aunque en dos de los viajes no se ha determinado con precisión la droga ni las cantidades involucradas, la Fiscalía sostiene que la participación de los exfuncionarios es clara y reiterada.
Este proceso ha puesto en el centro del debate la confianza ciudadana en las instituciones castrenses. Para sectores políticos de oposición, este caso refleja una falla estructural en los mecanismos de control y fiscalización dentro de la FACh. “No podemos permitir que quienes están llamados a proteger al país se involucren en actividades delictivas que deterioran la imagen y la seguridad nacional”, señaló una diputada del bloque progresista.
En contraparte, voces desde el oficialismo y algunos sectores militares han llamado a separar la responsabilidad individual de la institución, enfatizando que estas acciones no representan a la Fuerza Aérea en su conjunto. “Este es un caso puntual que será resuelto en tribunales, y confiamos en que la justicia actuará con rigor y transparencia”, afirmó un excomandante retirado.
Desde la sociedad civil, el caso ha generado inquietud sobre la penetración del narcotráfico en espacios tradicionalmente considerados seguros y la posible complicidad o negligencia institucional. Organizaciones dedicadas a la transparencia y la lucha contra la corrupción han demandado una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad y control en las fuerzas armadas.
En el ámbito judicial, la prisión preventiva decretada es una señal clara de la gravedad con que se aborda este caso, pero también ha abierto cuestionamientos sobre la velocidad y eficacia del sistema en casos que involucran a miembros de las fuerzas de orden y seguridad.
En definitiva, este episodio deja en evidencia varias verdades incómodas: la vulnerabilidad de las instituciones ante la corrupción interna, la necesidad de fortalecer los controles y la transparencia, y el impacto que estos hechos tienen en la percepción ciudadana sobre el Estado y sus cuerpos armados. El proceso judicial continúa, y sus resultados serán clave para definir no solo el destino de los imputados, sino también para marcar un precedente en la lucha contra el tráfico de drogas en ámbitos estatales.