La liberación accidental del sicario que conmocionó a Chile: un fallo judicial bajo escrutinio público
El pasado 15 de julio de 2025, la Corte Suprema convocó a una reunión de emergencia tras la liberación accidental de Osmar Ferrer, un sicario condenado por el asesinato de un empresario en el Barrio Meiggs. Este suceso, inicialmente presentado como un error administrativo, puso en jaque la confianza ciudadana en la justicia y desató un debate que trasciende la esfera judicial.
El origen del error se remonta a una falla en la coordinación entre tribunales y el sistema penitenciario, que permitió la salida anticipada de Ferrer, pese a contar con una sentencia firme. La ministra Gloria Ana Chevesich, junto al ministro de Justicia Jaime Gajardo y el fiscal nacional Ángel Valencia, reconocieron públicamente la gravedad del hecho y anunciaron la apertura de una investigación administrativa para identificar responsabilidades y prevenir futuros incidentes.
Desde el mundo político, las reacciones fueron diversas y reflejan las tensiones actuales en torno a la justicia penal. La oposición criticó con dureza la falta de controles y la aparente negligencia del Poder Judicial, exigiendo reformas profundas. En contraste, sectores oficialistas defendieron la transparencia del proceso de investigación y enfatizaron la necesidad de no precipitar juicios hasta contar con resultados claros.
"Este error no solo afecta a las víctimas y sus familias, sino que golpea la credibilidad de todo el sistema judicial", afirmó una vocera de una organización de derechos humanos, que además pidió mayor participación ciudadana en la supervisión de las instituciones.
En el ámbito social, la noticia generó inquietud y desconfianza, especialmente en las comunidades de Santiago afectadas por la violencia ligada a la delincuencia organizada. Vecinos y agrupaciones sociales manifestaron su preocupación por la seguridad pública y la efectividad de las medidas penales.
Por otra parte, expertos en derecho penal y administración pública han señalado que este episodio expone fallas estructurales en la coordinación interinstitucional y la gestión documental, aspectos que requieren inversión y modernización tecnológica urgente.
Finalmente, la Corte Suprema ha conformado una instancia técnica junto al Ministerio de Justicia y el Ministerio Público para implementar protocolos más rigurosos y transparentes. Sin embargo, la pregunta que queda flotando en el aire es si estas medidas alcanzarán a restaurar la confianza perdida o si este evento marcará un antes y un después en la percepción ciudadana sobre la justicia en Chile.
La liberación accidental de un condenado por asesinato no es solo un fallo administrativo; es una herida abierta en el sistema judicial que invita a una reflexión profunda sobre sus límites, sus debilidades y las reformas necesarias para evitar que la tragedia se repita.