
Chile vuelve a estar bajo el foco internacional en materia de propiedad intelectual. El informe 2025 del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) incluyó a nuestro país en la lista de vigilancia prioritaria, advirtiendo que, a más de 20 años de la vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC), persisten problemas estructurales en la implementación de las disposiciones sobre propiedad intelectual. Esta realidad no solo tensiona las relaciones bilaterales, sino que también pone en jaque la capacidad del país para atraer inversión extranjera y fomentar la innovación local.
Las críticas de EEUU se centran en la lentitud para aprobar leyes clave, como la adhesión a la Ley de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV 91), pendiente desde 2011, y en la insuficiente respuesta a la piratería digital y satelital. Además, se señala una falta de mecanismos ágiles para proteger derechos de autor en el entorno digital, lo que se traduce en altos niveles de vulneración, según actores del sector farmacéutico y tecnológico.
Desde el ámbito local, expertos y actores del sector reconocen avances, pero también admiten que el sistema chileno de propiedad intelectual sigue siendo un "tema de expertos", distante de la ciudadanía y de muchos emprendedores. 'El respeto por la propiedad intelectual es una condición sine qua non para el intercambio económico y la innovación, pero en Chile la piratería sigue siendo percibida como una falta menor', observa Maximiliano Santa Cruz, exdirector de INAPI.
La irrupción de la inteligencia artificial (IA) agrega una capa compleja a esta trama. Modelos de IA capaces de generar obras y soluciones técnicas sin intervención humana directa desafían los marcos legales tradicionales, diseñados para proteger la creatividad humana. La legislación local, aún en desarrollo, busca equilibrar la necesidad de protección con la promoción de la innovación tecnológica.
Ximena Sepúlveda, directora de Propiedad Intelectual en la Universidad Andrés Bello, plantea que "el desafío ahora es político y normativo: establecer principios claros que reconozcan el aporte humano, aseguren transparencia y equidad, y mantengan la protección proporcional al valor del aporte creativo o técnico". En paralelo, la discusión sobre el uso legítimo de obras para entrenar sistemas de IA, tema central en el proyecto de ley de IA chileno, refleja la tensión entre proteger derechos y no obstaculizar el desarrollo tecnológico.
En este escenario, surgen iniciativas disruptivas que buscan democratizar el acceso y la gestión de la propiedad intelectual. Innovafirst, una startup chilena, lanzó IdeaScan, una plataforma basada en inteligencia artificial que permite a emprendedores y pequeñas empresas verificar en minutos si una innovación ya existe, reduciendo costos y tiempos asociados a los procesos tradicionales. Guadalupe Castro, fundadora de Innovafirst, destaca que esta herramienta abre una puerta para que más actores puedan proteger sus creaciones sin depender exclusivamente de asesorías legales costosas.
Sin embargo, la complejidad del ecosistema exige una respuesta integral que combine reformas legislativas, fortalecimiento institucional y un cambio cultural profundo. Desde la política, el sector privado y la academia, las voces coinciden en que Chile debe superar la condición de "país al debe" y aprovechar la oportunidad histórica que ofrece la convergencia entre propiedad intelectual e inteligencia artificial para posicionarse como un actor relevante en innovación.
En definitiva, el coliseo de la propiedad intelectual en Chile enfrenta hoy un duelo entre tradición y modernidad, entre normas heredadas y tecnologías disruptivas. El público espectador —la sociedad chilena— observa expectante cómo se desarrollan las estrategias y qué protagonistas logran imponer un nuevo orden que permita que las ideas no solo sean protegidas, sino que también impulsen el desarrollo sostenible y equitativo del país.
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Verdades y consecuencias:
- Chile sigue enfrentando críticas internacionales por su gestión en propiedad intelectual, especialmente desde EEUU, lo que puede afectar su inserción comercial y la inversión extranjera.
- La ausencia de legislación actualizada y eficaz para enfrentar desafíos como la piratería digital y la protección en la era de la IA limita el potencial innovador del país.
- La irrupción de la inteligencia artificial obliga a repensar los marcos legales y a equilibrar la protección de derechos con la promoción de la innovación tecnológica.
- Iniciativas locales como IdeaScan demuestran que la innovación no solo está en la tecnología, sino también en la forma de gestionar y democratizar el conocimiento.
- El debate actual es una oportunidad para que Chile defina una política de propiedad intelectual que responda a los desafíos del siglo XXI, que incluya voluntad política, reformas legales y un cambio cultural profundo.
Fuentes: USTR 2025 Reporte Special 301; entrevistas con Maximiliano Santa Cruz (Santa Cruz IP), Ximena Sepúlveda (U. Andrés Bello), Guadalupe Castro (Innovafirst); informes de INAPI; artículos de Diario Financiero, BioBioChile y La Tercera.