
La niñez chilena enfrenta una crisis profunda y prolongada. Entre 2020 y 2024, las medidas judiciales de protección por vulneraciones de derechos aumentaron un 37%, según el último informe de la Defensoría de la Niñez, que expone un panorama de brechas estructurales, demoras en la atención y deficiencias en la infraestructura de los centros de protección. El organismo reportó que cerca del 43% de los casos permanecen en lista de espera y el 25% sufre demoras superiores a 90 días, lo que agrava la situación de niños, niñas y adolescentes (NNA) vulnerados.
El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, ha sido enfático en señalar que 'el gobierno valoró a la Defensoría en el discurso, pero no la fortaleció en los hechos'. La institución opera con recursos insuficientes, sin cobertura nacional completa y con equipos reducidos, lo que limita su capacidad de respuesta ante una creciente demanda. En 2025, la Defensoría acogió 2.787 requerimientos ciudadanos, de los cuales un 61,8% correspondió a vulneraciones de derechos. En paralelo, la entidad ha interpuesto 94 denuncias administrativas y 15 denuncias penales, incluyendo querellas por explotación sexual.
El escenario se agrava con hechos como el recurso de protección interpuesto por la Defensoría ante la Corte de Apelaciones por el ataque sufrido por un joven de 16 años en una residencia estatal, donde se constataron negligencias y falta de medidas correctivas. Este caso es solo uno entre varios que evidencian omisiones ilegales y arbitrarias que afectan la vida e integridad de NNA bajo cuidado estatal.
En el plano educativo, la Defensoría denunció una masiva ausencia de examinadores Simce en octubre de 2025, que impidió que miles de estudiantes rindieran la prueba en igualdad de condiciones, calificando la situación como una 'grave vulneración al derecho a la educación'. El organismo advirtió que delegar responsabilidades en empresas privadas no exime al Estado de garantizar procesos educativos dignos y seguros.
Desde el mundo político y social, las posturas son diversas y a veces enfrentadas. Algunos sectores critican la insuficiente asignación presupuestaria y la falta de prioridad real en infancia, mientras otros llaman a fortalecer la prevención y a consolidar un piso de protección social que incluya salud mental, participación infantil y políticas de cuidado.
La Defensoría ha presentado a los candidatos presidenciales un documento con siete desafíos estratégicos para el próximo quinquenio, enfatizando la necesidad de políticas públicas basadas en evidencia y con un enfoque integral. Sin embargo, la respuesta política ha sido desigual y, en ocasiones, el tema pierde protagonismo en campañas electorales.
En términos concretos, por primera vez en la historia reciente de Chile, los ingresos diarios de niños y adolescentes a programas de protección superan la cifra de nacimientos, un dato que revela un problema estructural que va más allá de la capacidad actual del sistema. La combinación de abandono, negligencia, violencia intrafamiliar y abuso sexual explica en parte este aumento, que se ha visto exacerbado por factores como la crisis postpandemia, el consumo de sustancias y la precariedad habitacional.
Ante este escenario, expertos y autoridades coinciden en la urgencia de fortalecer no solo la capacidad institucional, sino también la cultura de acogimiento familiar. Campañas para aumentar las familias de acogida y políticas que aseguren un cuidado afectivo y especializado son parte de la respuesta necesaria.
Finalmente, la crisis de la niñez en Chile no es solo una cuestión de cifras o políticas aisladas, sino un espejo de las desigualdades y fragilidades sociales que afectan a los sectores más vulnerables. 'El Estado es el principal responsable de garantizar los derechos de NNA, no solo en la prevención sino también en la respuesta efectiva cuando la violencia ocurre', concluye Quesille, convocando a toda la sociedad a asumir un compromiso real y sostenido con la infancia.
Fuentes consultadas: Informe anual 2024 de la Defensoría de la Niñez, declaraciones del defensor Anuar Quesille, reportes de La Tercera, BioBioChile y Cooperativa, análisis del Centro de Estudios Justicia & Sociedad UC y Fundación San José para la Adopción.