Extradición del presunto sicario del "Rey de Meiggs": un proceso judicial que expone las fisuras del sistema y las tensiones diplomáticas
El caso de Alberto Carlos Mejía Hernández, señalado como el presunto sicario del empresario conocido como el "Rey de Meiggs", ha dejado al descubierto no solo una trama criminal sino también las profundas debilidades y tensiones que atraviesan el sistema judicial chileno y sus mecanismos de cooperación internacional.
El 19 de junio de 2025, José Felipe Reyes, conocido en el mundo informal de los préstamos y los negocios en el barrio Meiggs, fue asesinado en Ñuñoa. Desde entonces, la investigación apuntó a Mejía, un joven venezolano, como autor material del homicidio.
Formalizado y con prisión preventiva decretada, Mejía fue liberado el 10 de julio debido a un error administrativo y de comunicación entre el tribunal y Gendarmería. Este fallo no solo le permitió salir del país clandestinamente, sino que detonó una crisis institucional de gran repercusión pública, con voces de condena que hablaron de "corrupción manifiesta" y exigieron reformas profundas.
Tras una búsqueda internacional coordinada entre Carabineros, PDI, Interpol y autoridades colombianas, Mejía fue detenido el 16 de agosto en Medellín, Colombia. Su captura fue celebrada por el presidente Gabriel Boric, quien afirmó en redes sociales: "Lo hemos dicho y hemos cumplido. Donde estén los vamos a encontrar".
El proceso de extradición, que se ha desarrollado con relativa rapidez para los estándares judiciales internacionales, fue aprobado por la Corte de Apelaciones de Santiago el 19 de agosto, basándose en el Tratado de Extradición vigente entre Chile y Colombia desde 1929. La resolución destacó que se cumplen los requisitos legales tanto nacionales como internacionales para proceder con la entrega del imputado.
La Corte enfatizó el riesgo de fuga demostrado por Mejía, quien huyó por la frontera norte, y la gravedad del delito, que contempla penas de presidio perpetuo. Además, ordenó la detención previa del imputado a la espera de su traslado a Chile.
Desde la esfera política y jurídica, las opiniones se han dividido. Mientras el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, destacó la cooperación activa entre países y la expectativa de que la extradición se concrete en "no más allá de dos o tres meses", otros actores han señalado la necesidad de revisar y fortalecer el sistema judicial para evitar que errores administrativos permitan la liberación de imputados peligrosos.
El diputado Johannes Kaiser calificó la liberación como "inaceptable" y exigió la remoción de responsables y una reforma integral del sistema. Por su parte, la familia del imputado, desde Colombia, ha defendido su calidad humana, generando una disonancia cognitiva que invita a reflexionar sobre la complejidad humana detrás de los hechos criminales.
Este caso, que ha sido seguido con atención en Chile y la región, también ha puesto en evidencia las limitaciones del sistema de identificación y registro penal, ya que Mejía utilizó identidades falsas durante su proceso judicial, dificultando su seguimiento.
Las consecuencias visibles de esta saga incluyen un cuestionamiento público a la gestión judicial, la presión política para mejorar la coordinación institucional y un desafío diplomático para agilizar la extradición sin vulnerar garantías procesales.
Finalmente, la extradición de Alberto Carlos Mejía no solo es un paso crucial para la justicia en el caso del "Rey de Meiggs", sino también una oportunidad para reflexionar sobre las reformas necesarias en el sistema judicial chileno, la cooperación internacional y la gestión de la seguridad pública en un contexto de crimen organizado transnacional.
El lector queda así ante un escenario donde la tragedia personal, la falla institucional y la política se entrelazan en un espectáculo dramático que ha dejado heridas abiertas y preguntas aún sin respuesta clara.