La Corte Suprema y su decisión sobre AZVI: un pulso entre técnica judicial y controversia política

Un fallo que sacudió la escena judicial y política chilena ha llegado a una cierta madurez analítica tras meses de debates y repercusiones. El 15 de julio de 2025, la Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo presentado por la constructora AZVI Chile y, en una sentencia de reemplazo, revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, ordenando al Fisco pagar $1.347 millones a la empresa por obras ejecutadas en el puente Caucau.

Este episodio no es sólo una disputa económica, sino un verdadero desafío al papel que cumple el máximo tribunal en la resolución de conflictos complejos. Por un lado, la Sala mostró una experiencia técnica y metodológica rigurosa al revisar cada partida indemnizatoria, demostrando un sofisticado razonamiento jurídico que dio cuenta de la necesidad de revertir la decisión anterior.

Sin embargo, el contexto no es ajeno a la controversia. En los meses previos, dos ministros involucrados en el fallo se han visto envueltos en controversias extrajudiciales, lo que ha desviado la atención pública y generado cuestionamientos sobre la independencia y transparencia del tribunal.

Perspectivas encontradas

Desde el mundo político, las reacciones no se hicieron esperar. Sectores de oposición han señalado que esta sentencia podría abrir la puerta a un aumento en las demandas contra el Estado, cuestionando la carga fiscal que ello implica. En contraste, voces desde el oficialismo defienden la decisión como un acto de justicia técnica que fortalece el Estado de Derecho, subrayando la necesidad de que el Estado cumpla con sus obligaciones contractuales.

A nivel regional, la comunidad afectada por las obras del puente Caucau observa con recelo el desenlace, pues el fallo implica un reconocimiento implícito de fallas en la gestión pública y la ejecución de proyectos de infraestructura. Para ellos, la sentencia es un llamado a mejorar la fiscalización y transparencia en la contratación estatal.

En el ámbito judicial, expertos en derecho civil y arbitraje destacan la complejidad del caso y el valor de la Corte Suprema en mantener la coherencia técnica en sus fallos, incluso en medio de presiones políticas y mediáticas. Sin embargo, también advierten sobre la necesidad de agilizar los procesos para evitar la prolongación excesiva que afecta la confianza ciudadana.

Constataciones y consecuencias

Tras analizar el conjunto de hechos y opiniones, queda claro que la Corte Suprema reafirma su rol como árbitro técnico-jurídico fundamental, aunque no exento de desafíos en su legitimidad pública. La sentencia pone en evidencia las tensiones entre la justicia especializada y las expectativas políticas y sociales que la rodean.

Además, la resolución trae consigo consecuencias financieras para el Estado y un precedente relevante en la interpretación de contratos públicos, lo que podría influir en futuras disputas similares.

Finalmente, este caso invita a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer mecanismos que garanticen la transparencia, independencia y eficiencia en la justicia chilena, para que su función no se vea empañada por controversias ajenas al derecho.

“La Corte Suprema es, ha sido y seguirá siendo el tribunal más relevante en términos técnico-jurídicos del país”, afirmó Francisco Fuentes, director del Grupo Litigios Civiles y Arbitraje de Albagli Zaliasnik, en un análisis publicado por Diario Financiero.

Este episodio, lejos de cerrarse con la sentencia, abre una nueva etapa de discusión sobre el equilibrio entre técnica judicial y confianza social en Chile.