Sacyr Agua lidera la construcción de la planta desaladora en Coquimbo: ¿solución definitiva o nuevo capítulo en la crisis hídrica regional?

El 14 de noviembre de 2025, la española Sacyr Agua se adjudicó la licitación para construir y operar la planta desaladora en Coquimbo, con una inversión superior a US$ 318 millones. Esta infraestructura, ubicada en El Panul, comuna de Coquimbo, tendrá una capacidad inicial de 800 litros por segundo, ampliable a 1.200 litros por segundo, beneficiando directamente a más de 540 mil habitantes de La Serena, Coquimbo y Ovalle.

El proyecto contempla además la construcción de una red de impulsión de agua desalada de casi 60 kilómetros, estaciones de bombeo y un estanque de regulación, que permitirán una distribución eficiente y segura del recurso. Se estima que la planta podría estar operativa entre 3,5 y 4 años tras la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Desde la mirada empresarial, Lucas de Marcos de la Torre, director general de Sacyr Agua en Chile, destacó que esta adjudicación representa un hito para la compañía y un compromiso con soluciones sostenibles frente a los desafíos hídricos del país. La ministra de Obras Públicas, Jessica López, calificó el proyecto como emblemático y fundamental para enfrentar la crisis hídrica con infraestructura moderna y resiliente.

Sin embargo, la historia y el contexto regional aportan matices complejos. La Región de Coquimbo ha sufrido por años una sequía prolongada y un déficit estructural de agua que afecta tanto a sectores urbanos como rurales. El acceso desigual al recurso y la presión sobre las cuencas han generado tensiones entre distintos actores.

En septiembre de 2025, la Dirección General de Aguas (DGA) informó que, pese a la sequía que afecta a Chile desde hace 16 años consecutivos, el abastecimiento para consumo humano está asegurado hasta marzo de 2026, gracias a las reservas en embalses como El Yeso y Los Aromos. No obstante, la misma autoridad advirtió que el caudal de los ríos seguirá bajo niveles históricos, lo que obliga a un uso eficiente y cuidadoso del agua.

Desde la sociedad civil y comunidades locales, la recepción del proyecto ha sido ambivalente. Por un lado, representa una esperanza para aliviar la escasez hídrica, especialmente en zonas urbanas y agrícolas. Por otro, existen preocupaciones sobre el impacto ambiental, el consumo energético de la desalación y la distribución equitativa del agua generada.

Activistas ambientales y representantes de comunidades rurales han alertado sobre la necesidad de un enfoque integral que no dependa exclusivamente de soluciones tecnológicas, sino que también aborde la protección de fuentes naturales, la gestión sostenible de cuencas y la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Rafael Palacios, director ejecutivo de Acades, expresó que "este proyecto es una gran noticia para la seguridad hídrica del país y demuestra que es posible invertir en infraestructura hídrica no convencional a través de asociaciones público-privadas". Sin embargo, reconoció que la complejidad del desafío requiere un esfuerzo conjunto y transparente.

En el plano político, la adjudicación ocurre en un contexto donde la gestión del agua es un tema sensible y divisivo. En Perú, por ejemplo, la crisis hídrica y la inseguridad también han marcado la agenda pública, mostrando que la gobernanza del recurso es un desafío regional.

Además, las recientes declaraciones del ministro de Agricultura peruano, Ángel Manero, quien priorizó el agua para la minería sobre la agricultura en escenarios de escasez, han generado polémica y debates sobre la justicia hídrica y el rol del Estado en la asignación del recurso.

Desde la perspectiva técnica, la desalación es una tecnología madura y efectiva para aumentar la disponibilidad de agua potable, pero no está exenta de críticas. El alto consumo energético y la generación de salmuera residual plantean desafíos ambientales que deben ser gestionados con rigor.

En Chile, la expansión de plantas desaladoras ha ido en aumento, pero su integración con la gestión hídrica integral y la mitigación de impactos es aún un campo en desarrollo.

En conclusión, la adjudicación de la planta desaladora en Coquimbo por parte de Sacyr Agua marca un paso relevante hacia la mitigación de la crisis hídrica en la región. Sin embargo, el proyecto abre un nuevo capítulo en el debate sobre cómo gestionar el agua en un contexto de sequía prolongada, desigualdad social y desafíos ambientales.

La solución tecnológica debe ir acompañada de políticas públicas inclusivas, transparencia, participación ciudadana y una mirada que equilibre el desarrollo económico con la conservación y el bienestar social.

Solo así, la planta desaladora podrá ser más que una infraestructura: un aporte real a la seguridad hídrica sostenible y justa para la Región de Coquimbo y Chile en su conjunto.

---

Fuentes: Diario Financiero, Cooperativa.cl, El País, informes de la Dirección General de Aguas (DGA), declaraciones oficiales del Ministerio de Obras Públicas y entrevistas a actores relevantes del sector hídrico.