Corte Suprema confirma condena a Jadue por perjuicio previsional en Recoleta: ¿Responsabilidad administrativa o fallo político?
Un fallo que se demora pero no se olvida. El pasado 11 de julio de 2025, la Corte Suprema ratificó la sentencia que condena a Daniel Jadue Jadue y otros ex funcionarios municipales de Recoleta a devolver más de 56 millones de pesos, equivalentes a 818 UTM, por el atraso en el pago de cotizaciones previsionales durante los años 2015 y 2016. Esta decisión pone fin a un proceso judicial que se extendió por casi una década, y que ha desatado un debate que va más allá de los números y las multas: cuestiona la administración pública local, la responsabilidad política y la interpretación del debido proceso en Chile.
El origen del conflicto: atrasos y multas
El caso se inició tras un informe de la Contraloría que detectó irregularidades en el pago de cotizaciones previsionales de cuatro funcionarios municipales, lo que generó multas e intereses aplicados por AFP, Isapres e Instituto de Previsión Social. La Municipalidad de Recoleta, bajo la administración de Jadue, fue acusada de una "descuidada administración del presupuesto municipal", según los tribunales, que concluyeron que debieron haberse adoptado medidas para evitar estos atrasos.
Desde la defensa, Jadue y sus ex colaboradores argumentaron problemas administrativos externos, como retrasos en las transferencias desde el Ministerio de Educación y la disminución de ingresos por baja asistencia escolar, factores que habrían dificultado la puntualidad en los pagos. Sin embargo, la justicia no consideró estas explicaciones suficientes para eximirlos de responsabilidad civil.
Disputas sobre el debido proceso y la validez del juicio
Una de las claves del enfrentamiento judicial fue la acusación de que no se respetó el debido proceso. Los condenados alegaron que el juicio se inició sin un examen de cuentas formal, requisito indispensable, y que la notificación sobre el mal uso de fondos no se efectuó dentro del plazo legal.
El recurso de queja presentado el 6 de diciembre de 2024 fue rechazado por la Corte Suprema, no por desestimar los argumentos, sino por haber sido presentado fuera del plazo legal. Este punto ha generado voces críticas que cuestionan si la justicia administrativa se manejó con la rigurosidad necesaria o si hubo una interpretación estricta que dejó poco margen para la defensa.
Perspectivas políticas y sociales: un espejo de tensiones más amplias
Desde el mundo político, la condena a Jadue ha sido recibida con reacciones encontradas. Sectores de oposición la ven como una confirmación de la responsabilidad administrativa y un llamado a la transparencia en la gestión pública. Por otro lado, simpatizantes del Partido Comunista y aliados de Jadue denuncian una persecución política y un uso judicial para deslegitimar a un actor relevante de la izquierda chilena.
En el plano social, el caso ha reavivado el debate sobre la precariedad y las dificultades que enfrentan las municipalidades para cumplir con obligaciones financieras en un sistema donde las transferencias estatales pueden ser irregulares o insuficientes. Esto abre interrogantes sobre la sostenibilidad del financiamiento público local y la protección de los derechos previsionales de los trabajadores.
Constataciones y consecuencias
Este episodio confirma que la administración pública local en Chile está bajo una lupa cada vez más exigente, donde la responsabilidad civil y política se entrelazan con procesos judiciales complejos. La sentencia contra Jadue y ex funcionarios reafirma la obligación de los municipios de garantizar el pago oportuno de cotizaciones previsionales, un derecho básico para los trabajadores.
Al mismo tiempo, el rechazo al recurso por cuestiones formales deja en evidencia las dificultades que enfrentan los acusados para defenderse en procesos que combinan aspectos técnicos y políticos. La polarización que rodea este caso refleja, además, la tensión entre la justicia administrativa y el escenario político nacional.
En definitiva, más allá de la multa, este caso expone la fragilidad de los sistemas municipales y la necesidad de fortalecer mecanismos que aseguren la transparencia, la eficiencia y el respeto por los derechos laborales, sin que las disputas políticas desvíen la atención de esos objetivos.
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Fuentes consultadas: BioBioChile, InformadorChile, documentos oficiales de la Corte Suprema, informes de Contraloría y análisis políticos de distintos medios nacionales.