El sistema financiero chileno y el Tren de Aragua: fallas que permitieron el lavado de millones de dólares
Un coliseo donde el dinero sucio se movió con impunidad. Así podría describirse la ruta financiera que el Tren de Aragua, la poderosa organización criminal venezolana, tejió en Chile entre 2020 y 2024, según reconstruye la investigación judicial y periodística que ha revelado cómo miles de operaciones bancarias no activaron alertas tempranas en el sistema financiero nacional.
El 24 de junio de 2025 se hizo público el desmantelamiento de una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua, que habría movilizado más de US$13,5 millones a través de más de 800 cuentas bancarias. Sin embargo, pese a la reiteración y volumen de estas transacciones, ningún banco emitió Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que permitieran anticipar la investigación. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) solo intervino una vez que la fiscalía ya tenía la arista financiera en curso.
La red invisible: sociedades y actores clave
La indagatoria identificó 14 sociedades vinculadas al lavado de dinero, muchas constituidas en el sistema "Tu Empresa en un Día" con inscripciones casi simultáneas y domicilios compartidos en Santiago. Un contador chileno, cuya identidad se mantiene en reserva, aparece como árbitro en 36 de estas sociedades y socio en nueve más, mientras que su pareja venezolana también figura en 18 de ellas.
Este profesional es empleador en solicitudes de residencia para ciudadanos venezolanos, quienes integran estas empresas que van desde transporte hasta casas de cambio y plataformas de juegos en línea. Vínculos con personas investigadas por extorsión y operaciones para pagar fianzas de acusados por secuestro y robo con intimidación evidencian la complejidad y profundidad de la red.
¿Por qué el sistema financiero no detectó las señales?
Expertos y actores involucrados coinciden en que el sistema chileno presenta vacíos críticos. No existe un Registro Único de Beneficiarios Finales, lo que dificulta identificar a los verdaderos controladores detrás de las sociedades. Además, los contadores no están obligados a reportar operaciones sospechosas, a diferencia de notarios y bancos.
El exfiscal Carlos Gajardo señala: 'Chile tiene un sistema bancarizado y seguro, pero irónicamente eso lo torna atractivo para organizaciones criminales que logran evadir controles.'
La UAF, con solo 83 funcionarios, reconoce que logra identificar apenas entre un 2% y 3% del dinero que mueve el crimen organizado. Los reportes que recibe son mayormente reactivos y llegan tarde, cuando la fiscalía ya tiene indicios o la prensa ha hecho público el caso.
La ruta del dinero: de Chile a Colombia y Venezuela
La investigación reveló que tarjetas bancarias enviadas desde Chile llegaron a una ciudad colombiana cercana a la frontera con Venezuela, desde donde se giraba efectivo para ocultar el origen ilícito del dinero. Operaciones rápidas, conversiones a criptomonedas y movimientos en cuentas que desaparecían en minutos complicaron la trazabilidad.
Una cuenta detectada registró ingresos cercanos a $1.000 millones que desaparecieron en solo quince minutos. Los bancos consultados —Banco Estado, Banco Falabella y Banco Santander— afirmaron contar con procedimientos para detectar y reportar operaciones sospechosas, pero guardan confidencialidad por normas legales y procesos judiciales en curso.
Perspectivas enfrentadas
Desde la banca, se destaca la coordinación para congelar simultáneamente las cuentas investigadas, evitando alertas dentro de la red criminal. En cambio, especialistas en crimen organizado y actores judiciales advierten que la prevención es insuficiente y que el proceso investigativo es lento debido a trabas legales como el secreto bancario.
Antonio Segovia, experto en crimen organizado, enfatiza: 'El sistema legal es adecuado, pero la formación y cumplimiento de los sujetos obligados deben mejorarse para que los reportes sean oportunos y efectivos.'
La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, añade que el levantamiento del secreto bancario solo se concede cuando ya existen antecedentes concretos, limitando su uso como herramienta preventiva.
Conclusiones y consecuencias
Este caso desnuda una grieta crítica en el sistema chileno para combatir el lavado de activos ligado al crimen organizado. La combinación de vacíos regulatorios, recursos limitados en la UAF y la naturaleza sofisticada de las operaciones criminales permitió que millones de dólares circularan sin ser detectados oportunamente.
Aunque la investigación judicial avanza y se han desbaratado partes de la red, las falencias estructurales persisten y ponen en jaque la capacidad del país para prevenir y enfrentar este tipo de delitos.
La lección es clara: sin mayor transparencia, coordinación y fortalecimiento de los mecanismos de alerta temprana, Chile seguirá siendo un terreno fértil para que organizaciones criminales internacionales blanqueen capitales, con consecuencias directas para la seguridad y la economía nacional.