
El 10 de noviembre de 2025, tras meses de debate y movilizaciones sociales, el Congreso aprobó en general la esperada reforma previsional que busca modificar el sistema de pensiones chileno, vigente desde los años 80. Esta reforma pretende aumentar la tasa de cotización obligatoria, fortalecer el pilar solidario y crear un ente público administrador de fondos. Sin embargo, lejos de un consenso, la iniciativa ha desatado un pulso político que refleja profundas divisiones en el país.
Desde el oficialismo, liderado por el partido de gobierno, se defiende la reforma como un avance histórico que responde a demandas sociales largamente postergadas. “Esta reforma es la respuesta a años de injusticias y precariedad para miles de jubilados”, afirmó la ministra de Trabajo en una sesión parlamentaria. En contraste, la oposición denuncia que el aumento de la cotización afectará el empleo y la competitividad, y que la creación del ente público podría derivar en una administración ineficiente y politizada.
El senador opositor más crítico declaró: “Estamos ante un salto al vacío que pone en riesgo el ahorro de los trabajadores y la estabilidad económica del país.”
Las regiones del norte, con economías basadas en la minería y la agricultura, expresan inquietudes por el aumento en costos laborales que podría afectar la inversión y el empleo local. En el extremo sur, comunidades rurales y pueblos originarios valoran el fortalecimiento del pilar solidario, pero advierten que la reforma no aborda suficientemente las brechas históricas en acceso y calidad de las pensiones.
Un líder mapuche del Biobío señaló: “La reforma no reconoce nuestras particularidades culturales ni garantiza pensiones dignas para nuestros adultos mayores.”
En las calles de Santiago y otras ciudades, la opinión pública muestra una división palpable. Para algunos pensionados, la reforma representa una esperanza real de mejorar ingresos tras décadas de precariedad. Para otros, especialmente jóvenes y trabajadores informales, la medida genera incertidumbre sobre su futuro laboral y previsional.
Una trabajadora independiente comentó: “No sé cómo afectará esto a quienes no tenemos un empleo formal, pero siento que es un paso hacia adelante.” Mientras tanto, un joven profesional expresó: “Me preocupa que más cotizaciones signifiquen menos plata para vivir hoy.”
La reforma previsional chilena, lejos de ser un mero ajuste técnico, se ha convertido en un campo de batalla donde se enfrentan visiones antagónicas sobre el rol del Estado, la economía y la justicia social. Su aprobación en general es solo el inicio de un proceso legislativo que promete más controversias y negociaciones intensas.
Lo que está en juego no es solo el diseño del sistema de pensiones, sino la confianza en las instituciones y la capacidad de Chile para conciliar crecimiento económico con equidad social. La historia reciente muestra que sin un diálogo inclusivo y realista, las reformas estructurales pueden profundizar divisiones más que resolverlas.
Este episodio invita a una reflexión profunda sobre cómo construir un sistema previsional que sea sostenible, justo y respetuoso de la diversidad regional y cultural del país. En definitiva, el verdadero desafío será transformar el conflicto en una oportunidad para avanzar hacia un Chile más cohesionado y con futuro para todos.