Propuestas contra el narcotráfico: un choque de estrategias entre la UDI y Evelyn Matthei
Un duelo de propuestas y visiones para frenar el narcotráfico se instaló en el escenario político nacional desde mediados de 2025. El 14 de julio, la UDI y la candidata presidencial Evelyn Matthei presentaron por separado sus planes para enfrentar el avance del narcotráfico, la migración irregular y la corrupción en el aparato público. Más allá de la aparente coordinación, las diferencias en el enfoque y la metodología reflejan una disputa ideológica y estratégica que sigue dando que hablar meses después.
El muro y la mano dura: la apuesta de la UDI
Desde la vereda gremialista, el diputado Guillermo Ramírez encabezó la propuesta más dura. El partido planteó la construcción de un muro de 240 kilómetros a lo largo de la frontera norte, complementado con vigilancia por drones y tecnología avanzada, incluyendo 140 mil cámaras con reconocimiento facial. Esta medida apunta a un control fronterizo estricto para frenar el ingreso irregular y, por ende, la entrada de drogas y criminales.
A ello se suman otras iniciativas que buscan limpiar el aparato estatal: un test de drogas obligatorio para todas las autoridades del Estado —desde el Presidente hasta miembros de las Fuerzas Armadas y policías— con resultados públicos para evaluar sanciones, incluyendo la pérdida del cargo. Además, proponen pena efectiva de cárcel para funcionarios públicos vinculados al narcotráfico y la expulsión de los 3 mil inmigrantes presos en Chile, en un intento por descongestionar las cárceles y recuperar el control penitenciario.
“Es necesario aplicar un test de pelo a todos los funcionarios públicos relacionados con la seguridad nacional”, afirmó Ramírez, enfatizando la transparencia y el rigor como pilares.
El polígrafo y la fiscalización interna: la estrategia de Matthei
Por su parte, Evelyn Matthei presentó una propuesta que, aunque comparte el diagnóstico sobre el avance del narcotráfico y la necesidad de medidas urgentes, apuesta por mecanismos de control interno y selectivo. Propone la aplicación del polígrafo a funcionarios estratégicos de las Fuerzas Armadas, policías y otros servicios públicos relacionados con la seguridad, especialmente aquellos en cargos de alto riesgo o con acceso a información sensible.
Esta medida busca detectar infiltrados y colaboradores del crimen organizado mediante la fiscalización directa de sus funcionarios. Además, Matthei plantea un test de drogas obligatorio para quienes estén relacionados con la seguridad nacional, junto con una investigación exhaustiva sobre el nivel de vida de estos funcionarios para detectar posibles enriquecimientos ilícitos.
“Es urgente detectar a cualquier miembro de estas instituciones que colabore con el crimen organizado y llevarlos ante la justicia para que sean condenados”, afirmó la candidata, subrayando un enfoque más focalizado y basado en la inteligencia interna.
Voces que divergen y convergen
El debate no solo se limita a las propuestas técnicas, sino que también refleja tensiones políticas y sociales. Desde sectores de izquierda, se critica la construcción del muro y las medidas punitivas como soluciones simplistas que no abordan las causas estructurales del narcotráfico, como la desigualdad y la falta de oportunidades. Para ellos, la militarización y la vigilancia masiva podrían profundizar la exclusión y vulnerar derechos fundamentales.
En contraste, sectores conservadores y parte de la opinión pública demandan respuestas firmes y visibles ante el aumento de la delincuencia vinculada al narcotráfico, valorando la mano dura y la transparencia en la gestión pública.
En regiones fronterizas, la recepción es ambivalente. Por un lado, hay consenso sobre la necesidad de reforzar el control migratorio y el combate al narcotráfico; por otro, inquietud por los costos sociales y económicos que implicaría un muro físico y la militarización de la frontera.
Constataciones y consecuencias
A seis meses de las propuestas, ninguna de las medidas ha sido implementada en forma integral. La discusión política continúa polarizada y las soluciones aún no logran consenso amplio.
Lo que sí queda claro es que el narcotráfico ha puesto en jaque a las instituciones y al orden público, y que la ciudadanía demanda respuestas efectivas y creíbles. Sin embargo, la tensión entre enfoques punitivos y preventivos, entre control externo y fiscalización interna, persiste como un nudo difícil de desatar.
El desafío para el próximo gobierno y el Congreso será encontrar un equilibrio que permita avanzar en la seguridad sin sacrificar derechos ni profundizar divisiones sociales. Mientras tanto, la política chilena exhibe en este escenario una lucha por definir no solo las medidas contra el narcotráfico, sino también la visión de país que se quiere construir frente a esta amenaza.
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Fuentes consultadas: Diario Financiero (julio 2025), declaraciones públicas de Guillermo Ramírez y Evelyn Matthei, análisis de expertos en seguridad y derechos humanos.