En pleno 2025, la realidad del empleo femenino en Chile sigue siendo un desafío persistente y complejo. En el trimestre móvil marzo-abril-mayo de este año, la tasa de desempleo nacional alcanzó un 8,9%, equivalente a 917 mil personas sin trabajo, siendo 168 mil más que al inicio de la actual administración. Pero lo que más destaca es la disparidad de género: las mujeres enfrentan una tasa de desocupación del 10,1%, mientras que para los hombres es del 8,1%. La situación es aún más crítica para las mujeres jóvenes, cuyo desempleo llega al inquietante 25%.
Este escenario se desarrolla en un contexto donde el gobierno, autodenominado feminista, ha impulsado políticas para mejorar la condición laboral femenina. Sin embargo, los datos muestran que la brecha no solo persiste sino que se amplía, y la creación de nuevos empleos es escasa. Sólo 14.650 nuevos puestos de trabajo se generaron en el último año, a pesar de que la economía crece al tope de su potencial. Este fenómeno ha sido explicado por el Banco Central, que señala que los sucesivos aumentos del salario mínimo han tenido un efecto contraproducente, reduciendo el empleo formal en un 4,8% en empresas que pagan sueldos cercanos a este nivel.
"Los aumentos de costos laborales están teniendo efectos medibles en el empleo, especialmente en sectores que emplean a mujeres en gran proporción", señala un economista independiente consultado para este análisis. Esta afirmación contrasta con declaraciones oficiales que minimizan el impacto de estas políticas en la generación de empleo, evidenciando una tensión entre la narrativa política y la realidad económica.
Chile no solo enfrenta un problema interno, sino que también se encuentra en una posición poco envidiable a nivel internacional. Está entre los tres países con mayor desempleo dentro de la OCDE y América Latina, según datos de la OIT y la OCDE. Mientras otras naciones recuperan sus niveles de empleo previos a la pandemia, Chile suma cesantes y profundiza sus desigualdades laborales.
Desde la perspectiva política, las posturas se dividen. Algunos sectores promueven continuar con aumentos salariales que denominan "salario vital", proponiendo un piso de hasta $750 mil para los trabajadores. Otros advierten que sin un ajuste pragmático en las políticas económicas, estos incrementos podrían exacerbar la crisis laboral. "Lo vital no es sólo un salario mínimo más alto, sino generar condiciones para que más personas tengan empleo formal", comenta una dirigente sindical que representa a trabajadoras del sector servicios.
En la voz ciudadana, la frustración es palpable. Mujeres desempleadas y jóvenes profesionales expresan su desencanto ante la falta de oportunidades concretas, más allá de las promesas y discursos oficiales. "Nos dicen que hay un gobierno feminista, pero en la práctica somos las primeras en quedar fuera del mercado laboral", relata una joven de Santiago que busca empleo desde hace meses.
Este complejo cuadro no puede reducirse a un solo factor. El análisis histórico muestra que el mercado laboral chileno ha estado marcado por desigualdades estructurales y que las políticas recientes, aunque bien intencionadas, han carecido de un enfoque integral que articule crecimiento económico, inversión, educación y protección social.
La evidencia disponible invita a una reflexión profunda: sin un giro pragmático que combine políticas públicas con incentivos claros para la iniciativa privada, Chile podría seguir atrapado en un ciclo de desempleo elevado y desigualdad creciente. Como advierte un académico experto en políticas laborales, "la recuperación del empleo femenino requiere más que voluntarismo; exige estrategias técnicas, realistas y sostenibles".
En definitiva, la brecha de género en el empleo no es solo una cifra estadística, sino un síntoma de las tensiones y contradicciones que atraviesan la economía y la sociedad chilena. La pregunta que queda en el aire es si las futuras políticas podrán traducirse en oportunidades reales para quienes hoy siguen esperando un trabajo digno y estable.