Multas electorales y polarización política: el pulso que redefine la democracia chilena

En medio de un clima político que se calienta a medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2025, el debate sobre la imposición de multas a quienes no participen en las votaciones ha tomado un protagonismo inédito. La discusión, que comenzó meses atrás en el Congreso, ha ido más allá del mero trámite legislativo para convertirse en un escenario donde se enfrentan no solo visiones políticas, sino también concepciones distintas sobre la participación ciudadana y el rol del Estado.

El proyecto que establece sanciones económicas para los ausentes en las urnas fue aprobado en general en la Cámara de Diputados el pasado julio, y desde entonces ha generado una cascada de reacciones. El ex candidato presidencial José Antonio Kast fue uno de los primeros en criticar duramente la iniciativa, calificándola de una "herramienta populista" y acusando al gobierno de usarla para asegurar una ventaja electoral."Si el gobierno fuera serio no estaríamos en esta discusión hoy", afirmó Kast en un punto de prensa, denunciando una estrategia para manipular la participación electoral en función de intereses partidarios.

Por su parte, desde el oficialismo se defiende la medida como un mecanismo para fortalecer la democracia y combatir la baja participación ciudadana, que ha sido una constante preocupación desde el estallido social de 2019. Voceros del gobierno sostienen que las multas buscan incentivar el compromiso cívico y evitar la apatía que erosiona la legitimidad de las instituciones. Sin embargo, reconocen que la medida debe ir acompañada de campañas educativas y un diálogo abierto con la sociedad civil.

Este choque de perspectivas no se limita a las esferas políticas. En regiones, especialmente en zonas con menor acceso a información y servicios electorales, la medida ha provocado inquietud. Organizaciones sociales y expertos en derechos ciudadanos advierten que penalizar la no participación sin abordar las causas estructurales de la abstención podría profundizar desigualdades y desconfianza en el sistema. Para ellos, la multa es un parche que no toca el problema de fondo: la desconexión entre la política y amplios sectores de la población.

Desde el mundo académico, el análisis es más matizado. Investigadores en ciencias políticas destacan que, si bien las sanciones pueden aumentar la participación en el corto plazo, su impacto a largo plazo sobre la calidad democrática es incierto. "La participación forzada puede generar resentimiento y desafección, más que un compromiso genuino con el proceso electoral", explican. Además, subrayan la importancia de complementar la medida con reformas que mejoren la transparencia, la representatividad y la rendición de cuentas.

En el escenario electoral que se avecina, esta polémica añade una capa más de complejidad. La oposición acusa al gobierno de instrumentalizar las reglas electorales para mantenerse en el poder, mientras que el oficialismo insiste en que la medida es un paso necesario para revitalizar la democracia chilena. Los ciudadanos, por su parte, se encuentran en el centro de este conflicto, enfrentando una decisión que va más allá del voto: la forma en que entienden y ejercen su rol en la sociedad.

En definitiva, este episodio revela que la democracia chilena está en un momento de tensión donde las formas tradicionales de participación y control político se ven desafiadas. La discusión sobre las multas electorales no es solo una cuestión legal o administrativa, sino un reflejo de las profundas divisiones y aspiraciones que atraviesan al país.

Queda claro que imponer sanciones sin un debate amplio y sin atender las causas de la abstención puede ser contraproducente. Pero también que ignorar la baja participación es un riesgo para la legitimidad democrática. La lección que deja esta historia es que la democracia se construye en la complejidad, en la confrontación de ideas y en la búsqueda constante de un equilibrio que respete tanto la libertad individual como el bien común.