Corte de Valdivia y la justicia penal marcan un antes y un después en el control de licencias médicas: ¿Protección laboral o combate a abusos?

En las últimas semanas, dos decisiones judiciales han sacudido el debate sobre el uso y fiscalización de las licencias médicas en el sector público chileno, desnudando un enfrentamiento que va más allá de lo legal y se instala en el terreno de la ética, la política y las consecuencias sociales.

El 9 de noviembre de 2025, la Corte de Apelaciones de Valdivia dictaminó que la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) debe fundamentar técnicamente el rechazo de licencias médicas, en respuesta a un recurso de protección presentado por una funcionaria municipal. Este fallo fue recibido como una "victoria colectiva" por la Federación Nacional de Trabajadores Municipales (Fentramuch), que lo interpretó como un respaldo a los derechos laborales y una defensa contra decisiones arbitrarias que vulneran el debido proceso. Para Fentramuch, el fallo restablece principios fundamentales como la presunción de inocencia y la proporcionalidad, y obliga a revisar sumarios administrativos previos, reforzando la seguridad jurídica para los trabajadores enfermos.

Sin embargo, esta mirada choca frontalmente con la postura de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), que, si bien reconoce que las licencias médicas bien fundamentadas deben pagarse, enfatiza la urgencia de combatir los abusos en el sistema. La alcaldesa Claudia Adasme advirtió que el fraude en licencias ha significado pérdidas millonarias para el Estado, afectando la calidad de servicios públicos y la infraestructura local. Esta tensión refleja un dilema persistente: cómo equilibrar la protección de derechos laborales con la necesidad de evitar el mal uso que perjudica a la comunidad.

En paralelo, el 14 de julio de 2025, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó una condena penal contra Germán Arce, exdirector de Obras Municipales de Maipú, por obtener una licencia médica fraudulenta mientras viajaba al extranjero. La sentencia estableció 61 días de presidio, con remisión condicional, y una multa que supera los dos millones de pesos, además de la suspensión del ejercicio de cargos públicos durante la condena. Este fallo marca un hito al sentar un precedente jurídico claro: el uso malicioso de licencias médicas en el sector público puede constituir un delito penado, y no solo una falta administrativa.

El abogado y académico Neftalí Carabantes valoró esta resolución como una señal inequívoca para futuros casos, adelantando que influirá en la interpretación judicial sobre fraudes en licencias médicas. La condena a Arce, que fue destituido en 2023 tras reactivarse la denuncia, simboliza el fin de la impunidad en ciertos sectores y la voluntad judicial de enfrentar prácticas irregulares.

Estas sentencias emergen en un contexto donde la Contraloría General de la República ha detectado miles de funcionarios públicos con licencias médicas mientras realizaban actividades incompatibles con el reposo, como viajes al extranjero. Actualmente, existen más de 7.400 sumarios en curso, reflejando la magnitud del problema y la complejidad para abordarlo.

En respuesta, el gobierno presentó un proyecto de ley para reformar el sistema de licencias médicas en el sector público, buscando homologar los pagos con el sector privado y reducir incentivos para el mal uso. La iniciativa propone que el pago por licencia comience desde el tercer día y se calcule en base al sueldo mensual dividido en partes diarias, limitando así el costo fiscal y promoviendo un uso más responsable.

Este escenario pone en el centro del debate a múltiples actores: sindicatos que defienden derechos laborales y denuncian arbitrariedades; autoridades municipales que reclaman por el impacto económico y social de los abusos; y el sistema judicial que empieza a endurecer su respuesta frente a las irregularidades.

El choque de perspectivas no es solo un enfrentamiento legal, sino una representación de las tensiones sociales que emergen cuando la confianza en las instituciones y en el Estado de derecho se pone a prueba. Mientras algunos ven en estas decisiones una reafirmación del respeto al trabajador enfermo, otros las interpretan como pasos necesarios para proteger los recursos públicos y la equidad.

En definitiva, estas resoluciones judiciales y la reforma legal en curso revelan una verdad ineludible: el sistema de licencias médicas en Chile está en una encrucijada que exige equilibrio entre la protección de derechos y la prevención de fraudes. La justicia, al poner límites claros, ha iniciado un proceso de transformación que tendrá consecuencias visibles en la administración pública y en la relación entre trabajadores, empleadores y Estado.

El desenlace de esta historia aún está por escribirse, pero lo cierto es que el debate ha madurado, dejando atrás la superficialidad para enfrentar la complejidad de un problema que afecta a toda la sociedad.