Código Azul activado en Chile: la respuesta social y política frente al frío extremo

En la última semana de agosto de 2025, Chile vivió un episodio climático severo que llevó a la activación reiterada del Código Azul, el protocolo de emergencia destinado a proteger a las personas en situación de calle ante bajas temperaturas extremas. Desde el 21 de agosto y hasta el 24, las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule estuvieron bajo esta medida, que incluyó la habilitación de 14 puntos adicionales para la atención directa y operativos móviles que lograron asistir a más de tres mil personas en situación de calle en 24 horas.

Multiplicidad de voces y cifras

Las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, encabezadas por la ministra Javiera Toro, han defendido la institucionalidad y la capacidad de respuesta del Estado frente a estas emergencias, destacando el despliegue de rutas sociales y médicas que ofrecen abrigo, alimentación y traslado a albergues. Sin embargo, existe una tensión evidente en torno a la magnitud real del problema: mientras el gobierno reporta cifras oficiales de personas sin hogar en torno a los 578 casos en la Región Metropolitana, otras fuentes sociales y académicas estiman que la cifra real podría superar los 21 mil a nivel nacional, con fuerte concentración en Santiago.

Esta discrepancia no es menor y pone en evidencia un debate más profundo: ¿hasta qué punto el Código Azul y las políticas públicas vigentes alcanzan para enfrentar la complejidad estructural de la crisis habitacional y social?

Perspectivas políticas y sociales

Desde el oficialismo, se subraya la importancia del aumento presupuestario y la mejora en los protocolos de atención, además del llamado a la solidaridad ciudadana para reportar casos a través del Fono Código Azul (800 104 777). Por otro lado, sectores de oposición y organizaciones sociales critican la insuficiencia de las medidas, apuntando a la necesidad de políticas integrales que aborden las causas profundas de la exclusión social y la falta de vivienda digna.

En el plano ciudadano, la activación del Código Azul genera sentimientos encontrados: por un lado, hay reconocimiento al esfuerzo estatal y voluntario para mitigar los efectos del frío extremo; por otro, se percibe frustración ante la persistencia de la invisibilización y el estigma hacia las personas en situación de calle.

Consecuencias y aprendizajes

El episodio reciente confirma que el Código Azul es una herramienta necesaria, pero no suficiente. La emergencia climática, con sus episodios cada vez más frecuentes e intensos, pone en jaque a las políticas sociales tradicionales y exige una reflexión profunda sobre la protección de los derechos humanos básicos.

Además, la tensión entre cifras oficiales y percepciones sociales alerta sobre la necesidad de mejorar los sistemas de registro, monitoreo y participación ciudadana para diseñar respuestas más ajustadas a la realidad.

Finalmente, la experiencia chilena de agosto de 2025 muestra que la protección de las personas en situación de calle ante el frío no puede ser entendida como un acto aislado o temporal, sino como parte de un compromiso sostenido que involucre a todos los actores sociales y políticos del país.

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“Nuestro país tiene una institucionalidad preparada para estos casos y siempre estamos monitoreando”, afirmó la ministra vocera Camila Vallejo, mientras que desde las organizaciones sociales se insiste en que “la desigualdad lacerante requiere soluciones estructurales, no solo emergencias”.

En suma, el Código Azul ha demostrado ser un salvavidas en la tormenta, pero la pregunta que queda en el aire es si Chile está dispuesto a construir puentes sólidos para que nadie vuelva a quedarse a la intemperie.