A más de dos meses de que el 34º Juzgado del Crimen de Santiago dictara su sentencia, el caso que enfrenta al actor Cristián Campos y a su hijastra, la psicóloga Raffaella di Girolamo, está lejos de concluir. La resolución judicial, que por un lado reconoció la veracidad de los abusos denunciados pero por otro sobreseyó al actor por prescripción, no trajo cierre, sino que abrió una nueva y más compleja etapa. La paradoja de un delito acreditado sin sanción penal ha dejado al descubierto las fracturas de una familia, las limitaciones del sistema judicial y una sociedad que debate intensamente sobre las distintas formas que pueden tomar la verdad y la justicia.
El 29 de mayo de 2025, el juez Edgardo Gutiérrez emitió un fallo que generó un sismo en la opinión pública. La sentencia acreditó "tres hechos de connotación sexual" ocurridos entre 1989 y 1995, cuando la víctima era menor de edad. Sin embargo, aplicó la causal de prescripción, extinguiendo la responsabilidad penal de Campos debido al tiempo transcurrido.
La reacción de las partes fue inmediata y diametralmente opuesta. Cristián Campos manifestó su "total y absoluta disconformidad" con la parte del fallo que acreditaba los abusos, defendiendo su completa inocencia y asegurando que no existía "ninguna prueba" que sustentara los hechos. Por su parte, la familia di Girolamo, en un comunicado conjunto, expresó que el fallo permitía "establecer la verdad y lograr sanar", aunque con la certeza de que "en estas instancias nadie gana", pues el daño no se borra con un dictamen.
Lejos de apaciguar el conflicto, el veredicto lo intensificó. En las semanas siguientes, el debate se trasladó del tribunal a los medios. Campos acusó públicamente a di Girolamo de ejercer un "chantaje emocional" sobre sus hijos, Pedro y Antonio Campos, para que se distanciaran de él. Posteriormente, su esposa, la actriz María José Prieto, calificó el fallo de "netamente ideológico" en una entrevista, atacando directamente la credibilidad de la denunciante, a quien acusó de tener un historial de mentiras y de haber intentado dañar su relación con Campos. Anunció, además, que apelarían a la Corte de Apelaciones para revocar la acreditación de los hechos.
El caso ha cristalizado dos visiones del mundo que chocan frontalmente:
- La Búsqueda de la Verdad Reparadora: Para Raffaella di Girolamo y su entorno, el objetivo principal de la querella era la validación de su testimonio. Su abogado, Juan Pablo Hermosilla, calificó el fallo como "impresionante" y "riguroso" por lograr acreditar los delitos a pesar de las décadas transcurridas. Desde esta perspectiva, la justicia no se limita a la sanción penal, sino que reside en el reconocimiento oficial de la verdad como un acto de reparación fundamental para la víctima y como un mensaje para la sociedad.
- La Defensa de la Inocencia Legal y Moral: Para Cristián Campos y su defensa, el sobreseimiento por prescripción es la única parte válida del fallo. Consideran la acreditación de los hechos como una conclusión sin sustento probatorio, motivada por una supuesta presión social o ideológica. Su lucha ya no es solo por evitar una sanción —que ya no es posible—, sino por una exoneración total que limpie su imagen pública y reafirme su inocencia moral, negando por completo la existencia de cualquier abuso.
Este caso se sitúa en una encrucijada legal y cultural. En 2019, Chile promulgó una ley que estableció la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores. Sin embargo, un principio fundamental del derecho penal impide aplicar una ley de forma retroactiva si esta perjudica al imputado. Por ello, los hechos denunciados, ocurridos en los años 90, quedaron bajo el amparo de la legislación anterior, que sí contemplaba plazos de prescripción.
La abogada Laura Bartolotti, de Corporación Humanas, explicó que "si los hechos hubieran ocurrido después de la ley (...) esta situación no ocurriría". El fallo, por tanto, es un reflejo exacto de este desfase histórico entre la conciencia social actual y el marco legal del pasado. Expone una herida estructural del sistema: la incapacidad de la justicia para responder a crímenes cuya denuncia fue postergada por décadas, a menudo por el propio trauma y las dinámicas de poder intrafamiliares.
El caso no está cerrado. Con la anunciada apelación por parte de la defensa de Cristián Campos, la disputa legal continuará en instancias superiores. Sin embargo, el debate más profundo ya trascendió los tribunales. La historia ha dejado de ser sobre un veredicto para convertirse en una reflexión nacional sobre la credibilidad de las víctimas, el peso de la prescripción frente a la gravedad del abuso, y la pregunta sobre qué significa realmente la justicia cuando una sanción penal es imposible. La herida, tanto familiar como social, sigue abierta, alimentada por narrativas que, por ahora, parecen irreconciliables.