El Fantasma de Guardia Vieja: Anatomía de la Compra que Enfrentó al Pasado y al Presente de la Izquierda Chilena

Inicio Contextualizado: La Memoria en el Banquillo

Lo que comenzó como un gesto simbólico del Presidente Gabriel Boric para saldar una deuda con la memoria histórica de Chile —la adquisición de la casa de Salvador Allende en la calle Guardia Vieja para convertirla en un museo— se ha transformado, con el paso de los meses, en un complejo laberinto político y legal. Hoy, a más de 90 días del estallido de la crisis, el polvo no solo no se ha asentado, sino que ha revelado profundas grietas en el oficialismo, exponiendo un choque de culturas políticas, responsabilidades administrativas y heridas que continúan supurando.

Desarrollo Analítico: Crónica de un Error Político

La evolución del caso Guardia Vieja es una lección sobre cómo las buenas intenciones pueden naufragar en la ejecución. La iniciativa, impulsada personalmente por el Mandatario, tropezó con un obstáculo constitucional insalvable: dos de las propietarias, la entonces senadora Isabel Allende y la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, estaban legalmente inhabilitadas para celebrar contratos con el Estado. Este error, ya sea por negligencia, desidia o falta de coordinación, detonó una cadena de consecuencias.

El primer gran impacto fue la destitución de Isabel Allende de su cargo por parte del Tribunal Constitucional, un golpe de alto calibre para una figura emblemática del socialismo y para la propia coalición de gobierno. A esto le siguió la renuncia de Maya Fernández. El gobierno, y en particular La Moneda, quedó en el centro de las críticas, no solo de la oposición, sino de sus propios socios del Partido Socialista, que vieron cómo una de sus líderes más importantes pagaba el costo de un error ajeno.

Las semanas posteriores solo profundizaron la herida. La jefa jurídica de la Segpres, Francisca Moya, reconoció ante una comisión investigadora que conocía la norma que impedía la compra, una declaración que transformó la percepción de un simple error a una posible negligencia inexcusable, alimentando en el entorno de Allende la sensación de “traición”. Por su parte, el jefe de gabinete presidencial, Carlos Durán, defendió la legitimidad del objetivo —la recuperación de la memoria— pero admitió públicamente que “la forma en que se llevó a cabo no fue la correcta”.

El conflicto escaló a un plano más personal y generacional con la filtración de una llamada telefónica de Miguel Crispi, entonces una figura clave del Segundo Piso de La Moneda. En la conversación, Crispi criticaba duramente la insistencia de la familia Allende en la venta y su supuesta incompetencia, dejando al descubierto una tensión latente entre la nueva generación del Frente Amplio y la cultura política del socialismo tradicional.

Perspectivas Contrastadas: Entre el Error y el “Modus Operandi”

El caso ha generado narrativas divergentes que coexisten sin resolverse:

• La perspectiva del Gobierno: Se enmarca en el reconocimiento de un error de implementación. Se defiende el fin último —honrar la figura de Allende—, pero se asumen fallas en los controles y procedimientos internos. Se busca encapsular el evento como un fallo administrativo y no como una crisis de probidad.

• La perspectiva del Socialismo y la familia Allende: Predomina un sentimiento de agravio y desprotección. Consideran que el gobierno actuó con una alarmante falta de rigurosidad, exponiendo a figuras clave de su sector a un costo político altísimo. Las declaraciones de Crispi confirmaron sus sospechas de una mirada displicente desde el nuevo poder hacia sus aliados históricos.

• La perspectiva crítica y judicial: Encarnada por el abogado Raimundo Palamara, esta visión trasciende el error puntual. Sus acciones legales no solo buscan anular el decreto de compra de Guardia Vieja, sino que han ampliado el foco a transacciones anteriores, como la cesión de un inmueble del Serviu a la Fundación Salvador Allende en 2004. Esta línea argumental sugiere un posible “modus operandi”, donde la influencia política se habría utilizado para obtener beneficios del Estado, llevando el debate desde la gestión política al terreno de la probidad pública.

Contexto Histórico y Estructural: Más que una Casa

El caso Guardia Vieja no puede entenderse sin su contexto. Toca fibras sensibles de la política chilena. Primero, la figura de Salvador Allende, un símbolo que históricamente ha unido a la izquierda, se convierte paradójicamente en el epicentro de una de sus fracturas más visibles. Segundo, evidencia el complejo proceso de relevo y convivencia entre las dos almas del gobierno: la del Socialismo Democrático, con sus códigos y legados, y la del Frente Amplio, con su ímpetu renovador pero, según sus críticos, con una menor pericia en la gestión del Estado.

Finalmente, la controversia se inserta en un clima nacional de alta sensibilidad hacia la probidad y la transparencia, exacerbado por casos como “Convenios”. Cualquier error que roce los límites de lo legal o lo ético es examinado con lupa por la ciudadanía y capitalizado por la oposición.

Estado Actual: Un Fantasma que no Descansa

Lejos de estar cerrado, el caso sigue evolucionando en múltiples frentes. El contrato de compraventa y los cheques de pago permanecen en una notaría, en un limbo legal que refleja la parálisis administrativa que generó la crisis. Las investigaciones en el Congreso continúan, y las acciones judiciales amenazan con abrir nuevas cajas de pandora. Las confianzas dentro del oficialismo quedaron dañadas y, aunque se intente pasar la página, el fantasma de Guardia Vieja sigue presente como un recordatorio de la fragilidad de los símbolos y el alto costo de los errores políticos.